La crisis del Covid-19 ha planteado un desafío de proporciones históricas para la Humanidad. Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia, la Unión Europea y sus estados miembros acordaron el pasado 21 de julio, en plena desescalada y ante el temor de una nueva ola, un instrumento excepcional de reconstrucción temporal bajo en nombre de Next Generation EU (Próxima Generación UE) dotado de fondos por valor de 750.000 millones de euros. De este montante, España recibirá 140.000 y, de ellos, entre 60.000 y 80.000 serán ayudas directas.
El Gobierno ha creado una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha reactivado la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las comunidades y ciudades autónomas para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los proyectos que optarán a financiación comunitaria. Las regiones gestionarán el 54% del total asignado a España por Bruselas, unos 18.793 millones de euros, y las entidades locales, el 4%, en torno a unos 1.500 millones. El concurso de la Diputación Provincial de Cádiz en el proceso de adjudicación es de suma importancia.
Encomendada por la Junta de Andalucía para centralizar, a modo de ventanilla única, todas las iniciativas de ámbito local y supramunicipal, la presidenta de institución, Irene García, ha desplegado una actividad frenética en las dos últimas semanas, manteniendo contactos con ayuntamientos, mancomunidades, agentes económicos y sociales, entidades públicas y privadas, con el objetivo de conseguir el máximo de inversión posible. El plazo para hacer llegar las propuestas al amparo de las líneas estratégicas que se desarrollan a través de una decena de ámbitos de acción denominados políticas palanca (desde la rehabilitación de vivienda a la preservación del espacio litoral, al impulso de la pequeña mediana empresa y la formación profesional a la modernización del sector turístico) finaliza el 10 de diciembre. Una auténtica carrera a contrarreloj.
“En todos los casos, especialmente en el de los ayuntamientos, la respuesta está siendo muy positiva a pesar de la indefinición de buena parte de la posterior gestión de estos fondos”, señala Irene García, en un primer balance de la actividad desarrollada hasta ahora. “Todo el mundo ha hecho un diagnóstico común: podemos estar asistiendo a una oportunidad histórica que no sabemos si volverá a repetirse -agrega-, y que no solo dará respuesta inmediata a la crisis por el Covid-19, sino que podría servir para recortar brechas históricas en materia de desempleo o infraestructuras que padecemos desde antes de la pandemia”.
Diputación ha puesto todos sus recursos en funcionamiento y ha constituido una comisión técnica en la que destaca el papel del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), por su tradicional actuación en la gestión de fondos europeos y su acreditada experiencia en asesoría y orientación.
“Esta provincia no puede permitirse que pase este tren después de que otros instrumentos extraordinarios para esta tierra, como la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), se haya diluido por una errónea voluntad política y haya perdido casi todo su potencial transformador de nuestro sistema productivo”, lamenta Irene García.
Asimismo, advierte de que “hasta el momento, no hemos recibido ninguna comunicación ni orientación, por parte de Junta”. “Queremos pensar que no se trata de lo que sería un preocupante desinterés, sino que muy especialmente la delegada del Gobierno de la Junta (Ana Mestre) estará reservando energías para, llegado el momento, defender con la máxima firmeza tanto los proyectos como las particularidades socioeconómicas y el peso de la provincia en el reparto de fondos correspondientes a Andalucía”, añade.
Antes, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) validará y aprobará antes del día 20 la relación de las iniciativas impulsadas por las corporaciones locales. Finalmente, la Junta remitirá al Gobierno central antes de fin de año el documento para su inclusión en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha de traer a Cádiz millones de oportunidades.
Desde ayuntamientos a entidades sociales
La presidenta de la Diputación se ha reunido ya con los alcaldes de los 45 municipios y con las mancomunidades para explicarles el procedimiento de presentación de documentos, al tiempo que participa en la elaboración de proyectos propios de la institución o de la mano de otros agentes económicos o sociales, como es el caso de la Universidad de Cádiz para la puesta en valor de Valcárcel. Asociaciones de mujeres, colectivos Lgtbi, organizaciones del sector cultural y empresas del sector audiovisual también han recibido información sobre los fondos de la UE.
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