Los órganos judiciales de Andalucía registraron durante los pasados meses de julio, agosto y septiembre un total de 292.219 nuevos asuntos, lo que supone un aumento del 1,5 % respecto al tercer trimestre del año anterior.
En el mismo periodo se resolvieron 275.514 asuntos, un 3,6 % más, y quedaron en trámite 671.315, según el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.
Pese al aumento de casi cuatro puntos en la resolución de asuntos, el número de asuntos pendientes (671.315) se ha incrementado en este trimestre un 10,8% con respecto al mismo periodo de 2019, lo que el informe atribuye a la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
Por jurisdicciones, en la civil ingresaron 92.466 asuntos (+9,2 %), se resolvieron 93.663 (+15,9 %) y quedaron en trámite 346.126 (+7,2 %).
La jurisdicción Penal ha mostrado una disminución tanto en el número de asuntos de nuevo ingreso como en el de asuntos resueltos.
En concreto, en el tercer trimestre de 2020 tuvieron entrada 166.759 asuntos, lo que representa una disminución interanual del 1,9 %; se resolvieron 158.862 (-2,8 %) y quedaron en trámite 171.203 (+16,3 %).
En cuanto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, se registraron 12.579 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 23,1 %; se resolvieron 11.034 asuntos (-1,4 %) y quedaron en trámite 61.130 (+3,9 %).
Por su parte, la jurisdicción Social ingresó 20.415 asuntos, un 21,8 % más que en el mismo trimestre de 2019; se resolvieron 11.955 (+13,8 %) y quedaron en trámite 92.856 (+20,3 %).
En el conjunto del país, la tasa de litigiosidad ha sido de 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2).
Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5).
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