El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado este jueves que Andalucía primará la libertad de elección de las familias en la educación de sus hijos y ha afirmado que la ley Celaá "nace muerta" porque "necesita del consenso y la participación de la sociedad, que no se ha dado".
Durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento el presidente andaluz ha respondido a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, al que ha reafirmado que los servicios jurídicos de la Junta van a estudiar la posibilidad de limitar los efectos de la norma dentro de las competencias autonómicas.
"Se ha elaborado sin ningún consenso, sin voluntad de diálogo con las fuerzas políticas ni con la comunidad educativa ni la sociedad en su conjunto y de espaldas a las comunidades autónomas, que tenemos las competencias en materia de Educación", ha enumerado Moreno.
Ha calificado como "disparatado" el procedimiento para sacar adelante la ley, con "una fuerte contestación social que no lleva a ninguna parte" y se ha comprometido a trabajar para que en Andalucía la educación cuente "con la máxima calidad posible y primando la libertad de elección de las familias".
Moreno ha resaltado que desde el Gobierno regional se ha aumentado la inversión en enseñanza en un 17 % desde el 2018, con 936 millones más, y se ha contribuido a la calidad con la contratación de 1.300 docentes más con motivo de la pandemia, recursos que aumentarán con la orden de conciertos que prepara la Junta.
Ha insistido en que la ley Celaá "tiene una clara intencionalidad política: acabar con la libertad y ponerla al servicio de los poderes públicos", y ha criticado que se pretenda "hacer desaparecer el español como lengua vehicular y los centros de educación especial".
Por su parte, Hernández ha defendido que la enseñanza concertada "no es una enseñanza de pijos" y ha pedido al presidente andaluz que la apoye "sin restricciones ni reservas".
"De nada vale acudir a una manifestación un domingo si luego el lunes, cuando vamos a la Consejería, se pliegan a las exigencias de los sindicatos políticos que abominan de cualquier idea que contempla una colaboración público-privada para prestar una enseñanza de calidad y en libertad", ha dicho.
El portavoz de Vox ha reclamado a Moreno además que "maximice si cabe todas las actuaciones a su alcance en defensa de la lengua común" y le ha exigido el uso de las "herramientas legales" a su disposición para "evitar ese desastre" que puede conllevar la nueva ley educativa.
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