Quería escribir y dar mi opinión sobre la falsa polémica creada en torno a la aprobación de la LOMLOE o Ley Orgánica que Mejora la Ley Orgánica de Educación de 2006. Y lo hago desde esa doble vertiente que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida adulta: la de docente y la de persona que no se ha privado de participar en la vida pública. Hablo de falsa polémica porque los medios de comunicación han preferido buscar titulares fáciles a profundizar en los verdaderos intríngulis de la cuestión. Dicho esto, resulta obvio para la población en general que hay una especie de vaivén en la legislación educativa de nuestro país. No es nuevo. El profesor Manuel de Puelles Benítez, haciendo suyas las palabras de Unamuno, ha descrito este mismo escenario con otros actores, comparando la legislación educativa española durante el siglo XIX con “el telar de Penélope”.
Creo que habría que empezar por aclarar que lo que ha hecho la LOMLOE es recuperar la Ley Orgánica de la Educación (LOE), aprobada en 2006 durante el gobierno de Zapatero. Una ley de carácter progresista que venía a definir y contextualizar la educación a inicios del siglo XXI y que tan pronto llegó el Partido popular al poder fue eliminada por la llamada ley Wert o Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 con Rajoy en la presidencia del gobierno y un PP llevando a cabo sus planteamientos neoliberales y sacando provechos espurios de los asuntos públicos.
Pero hablar de la LOMLOE sin hacer un previo recorrido por lo que ha sido la legislación educativa en España desde finales del franquismo es cuanto menos atrevido para poder valorar realmente lo que significa esta ley.
Entrados en la democracia los maestros y maestras se movían en el marco de la Ley General de Educación LGE de 1970 de Villar Palasí que a inicios de los 80 vino a ser actualizada en cuestiones curriculares por los llamados programas renovados con los objetivos operativos y las taxonomías de Bloom, por cierto, recuperada por la LOMCE del PP. Resulta paradójico, la obsesión de la derecha por los resultados y su cuantificación, cuando este modelo quedó superado por la Ley Orgánica General del Sistema Educativo o LOGSE de 1990 que jubiló la antigua Ley General de Educación del 70 y los cambios se hacían notar: escolarización obligatoria hasta los 16 años, aparece la Educación Secundaria Obligatoria y se termina de esta manera con el doble circuito montado tras la EGB para que el alumnado pudiese seguir sus estudios (algo muy propio de los planteamientos liberales de mediados del XIX que también supo plasmar Gil de Zárate cuando defendía que las enseñanzas medias deberían ser solo para las clases medias llamadas ocupar los mejores puestos en el Estado y en la sociedad por extensión). La LOGSE suponía superar ese marco ideológico clasista de la educación, en buena parte, por los avances en las ciencias de la educación y de la psicología del aprendizaje. Un elenco de profesores e intelectuales relacionados con el tema educativo como Cesar Coll, Álvaro Marchesi, Gimeno Sacristán, y otros tantos permitían con una base teórica cortar el cordón umbilical de la educación concebida como una herramienta al servicio de unos pocos y ponerla al servicio de toda la sociedad, incluidos los sectores de la infancia que por características personales o socioambientales sufrían desventaja con respecto a otros niños y niñas. Ahora lo sigue siendo, pero no es menos cierto que el papel inclusivo de la enseñanza ha recaído en su mayor parte en la escuela pública, quién ha tratado a todos los alumnos y alumnas de la mejor forma posible con los recursos que podía poner a su disposición.
Antes en 1985 la LODE o Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación venía regular esta ley el funcionamiento interno del sistema educativo y aún no se tocaba ni su estructura ni sus contenidos. Abría paso a los conciertos educativos con las empresas privadas dedicadas a la educación con el fin de dar respuesta, allí donde el Estado no pudiera, a la demanda educativa. Pero, esta ley, sobre todo, democratizaba la gestión de los centros educativos con la aparición de los consejos escolares y la potenciación de los claustros de profesorado. Una ley nacida durante el ministerio de Maravall y uno de cuyos padres y artífices fue Manuel de Puelles Benítez a quien tuve el honor de tener como profesor en la UNED en la asignatura de Política Educativa y posteriormente durante los cursos de doctorado.
Tras la LOGSE hubo una serie de normas de uno y de otro partido que fueron recortando la participación en los centros, que fueron burocratizando y tecnificado los cargos directivos que en definitiva, fue borrando las posibilidades de una verdadera educación participada por los agentes de la comunidad educativa, ya que las decisiones importantes han ido quedando en manos de la administración educativa a través de sus representantes en los centros, es decir de los directores y directoras, quienes muchos de ellos y ellas en su forma de acceso lo hicieron por nombramiento directo de la administración y se deben, en buena parte, a los designios de la administración para continuar en sus puestos.
En este escenario apareció la ley orgánica de Educación (LOE) en 2006, que venía a actualizar el sistema educativo español y su funcionamiento en torno a unos principios educativos acordes con el siglo XXI. La profundización en aspectos como la integración e inclusión escolar abogando por una educación comprensiva era uno de los puntos fuertes de esta norma. Una norma que fue contestada por la derecha reaccionaria, que siempre ha apostado por un modelo dual clasista en la educación y, por ello, le faltó tiempo al Partido Popular para llegar al poder y plantar sobre la mesa la LOMCE, es decir una versión actualizada de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002 que se elaboró durante el gobierno de José María Aznar. La conocida como ley Wert, suponía desde el punto de vista educativo una regresión hacia posiciones ideológicas conservadoras que intentaban tecnificar la enseñanza volviendo, como hemos dicho, a una especie de programas renovados, dando más importancia a los resultados que al proceso. Volvía a segregar al alumnado en los primeros cursos de la ESO, y, sobre todo, dejaba mal tocada la de educación pública que pasaba a ser subsidiaria de la privada. No es de extrañar que siga siendo ese el planteamiento de la derecha.
La vuelta a poder de un gobierno progresista llevaba pareja la derogación de esta norma, pero, muy al contrario de lo que se dice, no se trata de una nueva ley, quienes la lean pueden comprobar que básicamente tiene los mismos planteamientos que la LOE (en internet se ofrecen versiones que la comparan con la LOE) y que lo que trata es de actualizar el sistema educativo al 2020 recuperado la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, mejorar los resultados y aumentar el éxito escolar y estabilizar el sistema educativo como pilar básico de las políticas del conocimiento. Todo ello atendiendo a unos ejes transversales que serían los derechos de la infancia, la perspectiva de género y coeducación, la educación digital el aprendizaje competencial y personalizado y la educación para el desarrollo sostenible. Y ¿quién se puede oponer a ello? La respuesta es fácil, los de siempre. Los que buscan soluciones individuales y solo ven en la educación una carrera hacia la meritocracia para alcanzar títulos y cargos a costa de lo que sea y para ello se crean sus propios centros e itinerarios reservados solo para los que tienen mayores recursos económicos. Ese es el verdadero debate: la escuela pública propicia el desarrollo de todas las personas sin importar la cuna, la privada (sin eufemismo) solamente ve la cartera de quien paga. En una sociedad cada vez más individualista, donde los planteamientos neoliberales cainitas han calado hasta en los sectores más desprotegidos de la población, el caldo de cultivo está servido para que cualquier intento de legislar para la mayoría, para el bien común, para todos y todas, sea contestado por quienes ven en la educación un privilegio y no una herramienta de desarrollo personal y social. Lo único que espero es que esta ley se financie con los suficientes recursos para desmontar esta falacia. Hablamos de Política educativa. Por cierto, esta ley de ser conocida por un nombre creo debería ser la ley Tiana Ferrer, que es la persona que estuvo en la redacción de la LOE y ahora en la LOMLOE.
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