Según explicó ayer el consejero de Empleo, Antonio Fernández, los 170,5 millones de euros del nuevo Programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios, se distribuirán en 367 proyectos presentados en 2009 por ayuntamientos y entidades públicas y privadas, de los que 58 corresponden a escuelas taller, 20 a casas de oficios, 282 a talleres de empleo y 7 a unidades de promoción y desarrollo.
La distribución territorial de estas políticas activas de empleo se ha realizado “de forma rigurosa” según el porcentaje de paro provincial extraído de la Encuesta de Población Activa (EPA), por lo que el tanto por ciento que le corresponde a cada provincia está muy cercano a su nivel de paro, aunque también se han priorizado actividades relacionadas con sectores de la economía sostenible o procedentes de municipios donde la Junta desarrolla Planes de Actuaciones Integrales Preferentes para el Empleo.
Además de la reserva de un 5% de las plazas para personas con discapacidad, se establece la obligatoriedad de que el 50% del alumnado esté integrado por mujeres, mientras que también se tiene en cuenta la incorporación al mercado de estos trabajadores mediante contratos indefinidos incentivados.
Otra novedad es la inclusión en todos los módulos de formación básica en informática, prevención de riesgos laborales, sensibilización medioambiental, igualdad y fomento de la actividad emprendedora.
Con un aumento de 11,8% respecto al pasado año, una “intensidad” que quiso destacar Fernández, la programación se orienta hacia sectores emergentes de la economía sostenible y especialidades con gran demanda en el mercado laboral, como la ayuda a domicilio (809 alumnos), las energías renovables (558), la atención geriátrica (402) o la agricultura ecológica y la restauración de áreas degradadas (288).
Las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio, dirigidos a mayores y menores de 25 años, desarrollan proyectos de formación y trabajo con preferencia a colectivos que presentan especiales dificultades de inserción laboral (jóvenes, parados de larga duración, mujeres y personas con discapacidad).
Las unidades de promoción y desarrollo colaboran en la preparación, seguimiento y evaluación de las actividades.
Los programas constan de dos etapas, una de ellas la de práctica profesional en la que las entidades promotoras realizan contrataciones para obras y servicios de utilidad pública o interés social y deben acreditar un compromiso de inserción laboral del 30% de los alumnos trabajadores.
Además, se facilita la posibilidad de obtener el Graduado Escolar a los alumnos que no lo tengan.
El perfil de la personas usuarias de este tipo de programas responde en el 62% de los casos a menores de 30 años que en un 55% solo tiene estudios obligatorios.
La mayoría (52%) son mujeres, de las que el 46% no tiene estudios, mientras en el caso de los hombres (48%) el 66% carece también de estudios.
Desde 2004, casi 20.000 desempleados andaluces han podido encontrar un trabajo o montar su propia empresa tras finalizar su participación en los 1.864 proyectos desarrollados, que ofrecieron empleo remunerado y formación a un total de 43.327 personas, lo que supone un nivel medio de inserción laboral inmediata del 44%, subrayó el consejero.
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