Los abogados de los eurodiputados de Junts-Lliures per Europa, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí alegarán que hay "pruebas sólidas de persecución política, que en la mayoría de países de la UE el delito de sedición no existe y la incompetencia del Tribunal Supremo" en el procedimiento para responder a los suplicatorios cursados por el Alto Tribunal para levantarles la inmunidad parlamentaria, según fuentes de JxCat-Lliures per Europa.
La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) celebrará el lunes el primer debate que servirá para iniciar un procedimiento que se activó en enero, pero que las restricciones por el coronavirus obligaron a aparcar, y que se ha podido relanzar tras contar con el aval de los servicios legales para celebrar las sesiones por vía telemática.
En los tres expedientes, el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
El reparto de los ponentes encargados de cada suplicatorio se realiza por turnos entre los distintos grupos parlamentarios y, en esta ocasión, la responsabilidad recaerá sobre un diputado que comparte grupo con la delegación de Vox, pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA.
Precisamente, fuentes jurídicas del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber un ponente "para cada expediente de inmunidad", así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox.
CUATRO PASOS
Tras explicar que el procedimiento consta de cuatro pasos y puede durar un mínimo de cuatro meses, contemplan que pueda alargarse más allá de febrero.
El lunes servirá para presentar el caso ante la comisión de Asuntos Jurídicos, un encuentro breve y que será confidencial, y un mes después se celebrará la vista en la que los tres eurodiputados podrán explicarse en dicha comisión.
Posteriormente, se deberá presentar un borrador de la ponencia para ser debatido, cuyo redactado final tendrá que someterse a votación por parte de los 25 miembros del comité, 5 de los cuales son españoles --el presidente es de Cs, 2 eurodiputados del PP y 2 del PSOE--, más tres suplentes -Vox, PP y Cs--.
Fuentes de Junts-Lliures per Europa aseguran que el JURI es la comisión con un porcentaje mayor de eurodiputados españoles, especialmente de PP, PSOE, Cs y Vox, una cuestión que quieren evidenciar porque son partidos que han manifestado abiertamente que quieren la "extradición de los eurodiputados, y esto tiene implicaciones en la imparcialidad del procedimiento".
Una vez superados estos pasos, llegará al pleno del Parlamento Europeo, donde se votará, y fuentes del equipo jurídico recalcan que, pase lo que pase con el suplicatorio, los eurodiputados "seguirán siendo eurodiputados" pese a perder la inmunidad.
ARGUMENTOS
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de 'fumus persecutionis', es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".
Así, la base de la defensa del equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí será argumentar que hay "persecución política" --fumus persecutionis-- y que, como consecuencia, se quieren impedir que ejerzan de eurodiputados.
También pondrán sobre la mesa que el Tribunal Supremo "no es un órgano competente" en todo ello, y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de hechos que en otros países de Europa no existen o no son delito, y recuerdan que hay precedentes en este punto.
"Hay tribunales europeos que ya han dicho que la sedición no existe, que los hechos no son constitutivos de delito, como Alemania", apuntan desde el equipo jurídico, que avisan de que, en función de cómo se desarrolle todo el procedimiento, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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