El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha reordenado los derechos de 1.200 profesionales sanitarios mediante una orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Dicha orden ha llevado a la “indignación” de los sindicatos que se han levantado de la mesa sectorial celebrada este lunes. Esperan que la Consejería de Salud “dé marcha atrás”, según la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla.
La Junta pretende que se puedan suspender traslados, excedencias, reducciones de jornada o descansos de sanitarios. Por ejemplo, la excedencia para cuidado de hijos se otorgará se forma excepcional y no se concederán autorizaciones de exención de jornada complementaria al personal mayor de 55 años.
También se regulará la movilidad del personal que podrá ser adscrito temporalmente a puestos con falta de plantilla de otros centros. Los descansos pasan de ser de 12 horas a solo 10 pero tendrá que garantizarse que la suma de descansos semanales sea de 70 horas.
Los trabajadores de riesgo o embarazadas tendrán que hacer labores de rastreo. Es más, aquellos sanitarios que tengan que ser aislados de manera preventiva tendrán también que hacer rastros.
También, los gerentes de los hospitales tendrán la competencia de contratar a estudiantes en su último año de formación. Y podrán hacer contratos como especialistas a graduados, licenciados y diplomados sanitarios que no dispongan de título de especialista.
Las contrataciones podrán ser por procedimiento de urgencia y los sindicatos creen que es una manera de meter “a dedo” nuevos profesionales en el SAS.
Además, se podrá obligar a profesionales sanitarios que puedan jubilarse a que no lo hagan y sigan en activo.
Medidas adoptadas por la Consejería de Salud y que todavía no están en vigor. No cuentan con el visto bueno de los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial (CSIF, UGT, CCOO, Satse y SMA) y de gran parte de los sanitarios, que se han manifestado en la mañana de este lunes a las puertas de los centros de salud de toda Andalucía.
Para los sindicatos estas medidas son un “atropello” a los derechos fundamentales de los sanitarios, que denotan un cierto cansancio en esta segunda ola de la pandemia. CSIF, por ejemplo, ha denunciado que estas medidas se adoptaron con “nocturnidad y alevosía” y UGT ha dicho que esta orden “supone una patada a los derechos de unos 120.000 profesionales”.
Desde CCOO han lamentado que esta decisión de la Junta pueda tener un “riesgo” para la salud de los pacientes andaluces.
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