Unión Portuense propone al Pleno del Ayuntamiento acordar una medida en favor del acceso a la vivienda introduciendo en la ordenanza fiscal sobre el IBI un recargo del 50% a los inmuebles de uso residencial que se encuentre desocupados con carácter permanente. Quedando exentas las segundas residencias o vacías por motivos de salud o laborales.
El espíritu de esta propuesta, reconoce la formación, es regular contra los que tienen interés especulador, por lo que el Consistorio deberá consensuar los detalles, cuántas viviendas vacías o durante cuánto tiempo tienen que estar desocupadas para aplicarles el recargo. A modo de ejemplo comparativo, podemos aplicar el recargo a quien tiene una vivienda vacía y desocupara durante 6 meses como marca la Ley andaluza o podemos aplicarlo a partir de la tercera propiedad y que lleve 1 año desocupada, centrándonos así en las grandes entidades especuladoras. La idea es incentivar al propietario a que introduzca dichos inmuebles dentro del mercado de alquiler, consiguiendo de esa forma mejorar la oferta y reducir precios.
Unión Portuense plantea la importancia de gravar progresivamente a quienes tienen un número significativo de viviendas vacías en su propiedad. Los afectados por esta subida de IBI serán en su gran mayoría entidades bancarias, inmobiliarias y fondos de inversión con interés especulador, cumpliendo así el artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, comenta al respecto: “La función social de la vivienda debe prevalecer ante la rentabilidad de las mismas. Existe un problema real de acceso a la vivienda y creemos que esta propuesta es una buena forma de dinamizar el mercado y bajar los precios. El Puerto cuenta con más de 4.400 viviendas vacías según el INE y muchas de ellas en manos de grandes propietarios con un afán puramente lucrativo. Están en su derecho, pero, como señala la Constitución, es de justicia que los poderes públicos actúen.”
Para el portavoz, "este tipo de propuestas llevan en el tintero nacional desde 2002, pero siempre fueron bloqueadas por los tribunales por la falta de concreción en la legislación estatal. Sin ir más lejos, en nuestra ciudad IU El Puerto propuso algo similar durante el periodo de alegaciones a las ordenanzas en 2014, o el mismo Javier Botella durante el anterior mandato presentó una propuesta alternativa para aplicar un tributo denominado 'de finalidad extrafiscal'. Extrafiscal porque su objetivo prioritario era luchar contra la vivienda vacía, disuadir la especulación y así burlar dicho bloqueo estatal. Pero una vez legislado en marzo de 2019 podemos volver a la propuesta original, donde ahora sí muchos ayuntamientos sin distinción ideológica van aplicar esta medida justa y necesaria para la defensa de nuestra constitución, el ejemplo más cercano lo tenemos en Burguillos, localidad sevillana donde gobierna con mayoría absoluta el PP, y que el pasado mes de octubre aprobó este mismo recargo".
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