El gasto medio por dependiente en 2019 fue de 7.948 euros, de los que un 83,9 por ciento fue aportado por las comunidades autónomas, en tanto que la administración central asumió solo 1.276 euros para cada beneficiario de esta prestación, unos 106 euros al mes, la cifra más baja desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006.
El Observatorio Estatal para la Dependencia, coordinado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, informa este martes de la inversión pública en el sistema de atención a la dependencia el pasado año, que supuso 8.607 millones de euros, de los que 7.221 millones fueron aportados por las autonomías y 1.386 millones por el Estado.
Según alerta el informe, la financiación estatal ha ido cayendo desde 2012 hasta el punto de que el pasado año su aportación fue la más baja desde que existe la Ley de Dependencia, sin olvidar de la brecha que existe entre regiones.
Así, el Observatorio constata que las comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (368 euros), Extremadura (286) y Castilla y León (261).
Y las que menos son Canarias (95 euros), Galicia (142) y Baleares (143).
Además, incrementaron el presupuesto en el último año en mayor medida Baleares (un 32 %), Comunidad Valenciana (18 %) y Canarias (16 %) y solamente Asturias redujo el presupuesto en el último año.
"El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 personas pendientes de valoración", denuncia el observatorio.
Precisamente, revelan que en 2019 fallecieron 27.116 personas que tenían derecho a recibir una prestación y murieron sin recibirla y otras 16.159 fallecieron a la espera de ser valorados.
Según esta entidad, en el proyecto de ley de presupuestos de 2021 que este martes aprueba el Consejo de Ministros se incrementará el gasto para dependencia en 600 millones, que debería, considera, asumir la administración estatal para llegar a una aportación del 22 por ciento de la financiación pública, muy lejos aún del 50 por ciento previsto en la ley.
A su juicio, esta inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 millones de euros.
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