El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para investigar y conocer las actuaciones de la Consejería de Educación ante la supresión del servicio de comedor escolar en 132 centros educativos de Andalucía.
En la queja de oficio remitida a la Consejería, el Defensor se interesa por el horizonte temporal previsto para poner en funcionamiento este servicio, suspendido desde el inicio del curso por renuncia de las empresas concecionarias que debían prestarlo durante el curso 2020-2021, según ha informado este órgano por medio de su web.
Aunque la situación afecta a todas las provincias andaluzas, excepto Cádiz, la mayor parte de los centros docentes en los que no se está prestando el servicio se encuentran en Jaén y Málaga, lo que supone que 12.000 alumnos no están recibiendo el servicio, con los graves perjuicios que ello está ocasionando para el alumnado que se beneficia de los planes de garantía alimentaria y para la conciliación de la vida laboral y familiar.
El Defensor del Pueblo mantuvo una reunión con la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) -que representa a 2.700 AMPA de Andalucía- que le advirtieron de esta situación, además de las informaciones de los medios de comunicación y las quejas recibidas en la propia Institución.
La suspensión se ha dado desde el primer día de clase en centros de Educación Infantil y Primaria de Andalucía, cuando los padres fueron informados de que sus hijos no tendrían servicio de comedor escolar.
El Defensor traslada que, ante las informaciones de los medios de comunicación, el Gobierno andaluz explicaba que la situación se ha debido a la quiebra de dos empresas adjudicatarias, que habían comunicado sus problemas sin tiempo para poder resolverlo, aunque ambas empresas aseguraban que podían empezar la actividad en cualquier momento, pero que una deuda de 1,5 millones de la Junta de Andalucía les impedía reanudar el servicio.
La Consejería de Educación y Deporte aseguró en aquel momento que la situación se arreglaría en dos semanas, aunque superadas con creces y no resuelto el problema, ahora no señala plazo alguno para la apertura de los comedores.
EL ANTECEDENTE DEL CURSO 2019-20
El Defensor del Pueblo ha subrayado que "esto nos hace temer -y a la comunidad educativa afectada también- que pudiera ocurrir lo que ya sucedió en el curso pasado en la provincia de Jaén, y que fue objeto de la tramitación, por parte de esta Defensoría".
En aquella ocasión, la empresa adjudicataria del servicio de comedor escolar de 37 centros docentes de esta provincia, situados en 25 municipios, había anunciado a la Junta de Andalucía que a partir del día 15 de octubre dejaría de prestar el servicio, y así lo hizo.
Si bien la Consejería de Educación había tratado de buscar una solución ofreciendo la actividad a otras empresas del sector -hasta a 60 de ellas- ninguna había aceptado por las condiciones en las que tenían que asumir el encargo.
Los escolares afectados -2.000-, no volvieron a recibir el servicio de comedor hasta bien entrado el mes de febrero, es decir, cuatro meses después de que se produjera el conflicto.
El temor expresado por el Defensor del Pueblo se apoya en las manifestaciones públicas de la Consejería, que, aunque expresa su intención de reponer el servicio lo antes posible, reconoce la dificultad por el escaso atractivo que resultan los contratos propuestos.
Como solución temporal, entonces y ahora, se ha puesto en marcha -y no aún en todos los centros docentes- las que se denominan 'aulas de espera', que si bien son gratuitas y cuentan con personal al cuidado del alumnado hasta la llegada de los padres y madres a las 16.00 horas, el alumnado solo podrá comer un bocadillo o comida fría, ya que los monitores no cuentan con autorización para manejar alimentos.
Añade gravedad al problema que las 'burbujas' del alumnado agrupado como grupo de convivencia estable se rompen, puesto que en esa situación se mezcla el alumnado de todas las edades.
Para empeorar aún más la situación, desde la Asociación empresarial de restauración colectiva de Andalucía (Aercan), se señala que esto es solo la punta del iceberg, y que "caerán" más empresas, puesto que el modelo de servicio de comedor escolar arrastra una delicada situación desde tiempo atrás, llegando a ser ahora insostenible.
Subrayan que ellos no están obligados a contratar más monitores, ni a ofrecer medidas sanitarias al alumnado, como les han insistido desde la propia Junta de Andalucía, habiendo solicitado de esa Consejería que se modifiquen los contratos para cubrir los gastos extraordinarios, a lo que, según señalan, no han recibido respuesta.
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