La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior y la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía han acordado la convocatoria regular de plazas de letrados en las ofertas de empleo público que apruebe el gobierno autonómico.
Con este "compromiso firme", como lo define la Consejería en una nota de prensa, se pretende reforzar el funcionamiento del gabinete jurídico de la Junta y mejorar la prestación de servicios del organismo encargado de la representación y defensa en juicio de la administración de la Junta de Andalucía, de su administración institucional y del Consejo Consultivo de Andalucía, así como del asesoramiento en derecho del Consejo de Gobierno, de la administración pública y de la defensa de la administración autonómica andaluza.
Este acuerdo se ha producido tras una reunión entre el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el viceconsejero, Antonio Sanz; y la secretaria general para la administración pública, Ana María Vielba, con la presidenta de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, Alejandra Guerrero; y Mónica Ortiz Sánchez, vocal de la Junta Directiva de la asociación. Durante el transcurso de la misma, ambas partes han acordado también estudiar otros asuntos como la aprobación de la relación de puestos de trabajo (rpt) del gabinete jurídico.
La Junta resalta haber demostrado ya su "compromiso" con el Cuerpo de Letrados en esta legislatura, y en la oferta de empleo público 2017/2018, que quedó pendiente de convocar por el anterior gobierno socialista, se han incluido 15 plazas que se están examinando ahora. Igualmente, en la oferta de empleo público 2019/2020 se han incluido otras 15 plazas.
El Decreto 132/82, de 13 de octubre, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, creó el gabinete jurídico como órgano encargada del asesoramiento jurídico, representación y defensa en juicio de la administración y organismos autónomos de la Junta. En 1993 se creó el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, un cuerpo de funcionarios de alta especialización que asume la dirección jurídica en el ámbito de las administraciones públicas y que está sometido al principio constitucional de legalidad.
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