El Partido Popular de Chiclana, tal y como prometió el pasado mes, sigue con su ofensiva política para que todos los chiclaneros se unan en contra de la ocupación ilegal de viviendas y reclamen al Gobierno una ley que permita luchar de forma eficaz contra estos delitos.
De esta manera, una representación del PP chiclanero, encabezado por la presidenta Ascensión Hita, está visitando distintos puntos de la localidad en busca de adhesiones. “Queremos defender los derechos de las personas que ven cómo ocupan sus viviendas de manera ilegítima, una circunstancia que se da en muchas zonas de Chiclana, y que causa un verdadero problema a muchas familias”.
En los últimos días, acompañada por el secretario general, Jesús Galvín, y la concejala Carmen Baena, ha estado recogiendo firmas en Huerta del Rosario y el Mercadillo de los Martes, donde además ha informado de las principales líneas de la ley que pretende sacarse adelante.
En este punto, ha indicado que a nivel nacional el 96% de las viviendas en alquiler son de propietarios particulares no fondos ni inversión ni bancos, “sino pequeños propietarios que han invertido todos sus ahorros en una vivienda para alquilar, que en algunos casos incluso es el único ingreso que reciben, y que están sufriendo de una situación de injusticia e inseguridad jurídica ante la ocupación ilegal de viviendas llevada además a cabo por parte de mafias organizadas”.
Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, la provincia de Cádiz es la séptima en el ranking nacional en cuanto al número de denuncias por ocupación ilegal presentadas en el primer semestre de 2020.
Para el PP “no se puede seguir ignorando esta situación tal y como está haciendo el PSOE” y por ello ha demandado una solución urgente ante este problema como “está planteando el Partido Popular en la Proposición de Ley registrada en el Congreso de los Diputados en la que se aboga por el desalojo de viviendas ocupadas en 12 horas”.
En esta ley anti ocupación también se propone que se recupere el delito de usurpación y se fijen penas de uno a tres años de prisión, que los ocupas no puedan empadronarse en los ayuntamientos, que las comunidades de vecinos puedan tomar medidas legales actuando directamente ante los tribunales ante la ocupación de viviendas y comportamientos violentos de los okupas; así como que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la ocupación.
“Solicitamos a la ciudadanía de Chiclana que se sume, para que puedan plantar frente a la inseguridad jurídica actual, porque la ocupación ilegal no solamente conlleva el que se ocupen las viviendas, sino que luego hay actividades ilegales asociadas en muchas ocasiones, como la venta de drogas, y es algo que genera mal ambiente y hace incómoda la convivencia para los vecinos y las familias del entorno”, sentencia Ascensión Hita.
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