La actividad de los órganos judiciales entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, durante la crisis sanitaria motivada por la pandemia, disminuyó un 33,5 %, según el informe sobre la situación de la Justicia en el segundo trimestre de este año difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según el CGPJ, la desescalada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible, dice, extraer conclusiones de los datos, por lo que aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.
Recuerda que el trimestre analizado en este informe corresponde al más afectado hasta ahora por la situación sanitaria y la declaración del estado de alarma.
Durante ese periodo entraron en el conjunto de los órganos judiciales de la comunidad autónoma andaluza 216.397 asuntos, lo que supone una disminución del 33,5 % respecto al mismo periodo del año anterior.
En el mismo trimestre, los tribunales de la región resolvieron un total de 178.648 asuntos, un 45,2% menos que un año antes, mientras que los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron 652.686, lo que representa un incremento interanual del 12 %.
En cuanto a la jurisdicción Civil, ingresaron 78.438 asuntos, un 26,3 % menos respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior, se resolvieron 53.279 (-51,9 %) y quedaron en trámite 345.785 (+8,9 %).
En la jurisdicción Penal tuvieron entrada 117.621 asuntos, lo que supone una disminución interanual del 34,3 %; se resolvieron 107.480 (-40,6 %) y quedaron en trámite 162.592 (+16,3 %).
Por su parte, en la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 8.319 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 60,2%, la más elevada de todas las jurisdicciones.
Se resolvieron 9.583 asuntos, lo que supone un 46,8 % menos que el año anterior, y quedaron en trámite 59.532 (+10,3 %).
En cuanto a la jurisdicción Social, ingresó 12.019 asuntos (-36,6 %), se resolvieron 8.306 (-50,1 %) y quedaron en trámite 84.777 asuntos (+18,9 %).
La declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tiene su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad: En el conjunto del Estado ha sido de 22,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.
Por territorios, las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Illes Balears y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), Comunidad Valenciana (22,6) y Asturias (22,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2).
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