Las mismas fuentes aseguraron que, en esa fecha, la empresa concretará la aplicación de esta medida, con la que se pretende parar todos los centros de trabajo del Grupo en España hasta 6 meses, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de autorización del ERE por las autoridades laborales.
La compañía comunicó a finales de octubre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los paros se realizarían por semanas completas y que la solicitud afectará a todos los trabajadores de la compañía.
En la misma comunicación, SOS reconocía que, en el actual entorno de contracción de consumo, sus fábricas y centros de trabajo mostraban un exceso de capacidad y una sobrecarga en los costes de estructura que hacía necesaria una reducción de costes para dar estabilidad a los negocios del Grupo a largo plazo.
En la actualidad, la compañía negocia con el sindicato bancario un Plan de Negocios, desarrollado por Credit Suisse, con el objetivo de refinanciar su deuda con la banca, de unos 1.300 millones de euros.
Los resultados de la compañía en el tercer trimestre, presentados el pasado 5 de noviembre, se han visto afectados por las nuevas provisiones y los gastos que ha tenido que acometer.
De esta forma, los gastos y provisiones que por valor de 150 millones de euros ha tenido que realizar SOS han lastrado el resultado de la compañía, que pierde 134,06 millones en el tercer trimestre.
Entre las provisiones figuran las acometidas por deterioro del saldo con empresas vinculadas con los antiguos administradores de SOS.
Sin esos gastos y provisiones no recurrentes, la compañía señalaba que habría logrado un beneficio de 15,98 millones de euros en el citado periodo.
Mientras SOS intenta, en el plano empresarial, buscar el mejor plan de negocios para lograr que la compañía vuelva a la normalidad, en los juzgados sostiene una batalla judicial principalmente contra su ex presidente y su ex vicepresidente, Jesús Salazar y Jaime Salazar, respectivamente.
La querella, admitida a trámite Audiencia Nacional por presuntos delitos de apropiación indebida y/o societarios, delito relativo al mercado y un delito de estafa, también se dirige contra sus otros tres hermanos, María del Pilar, Luis y Roberto Salazar Bello, contra Esteban Herrero y Pedro Barragán, los administradores de hecho o de derecho de Arve Investment y otras 16 sociedades.
Paralelamente, Jesús y Jaime Salazar han presentado en los juzgados mercantiles el concurso sobre sus sociedades patrimoniales en un intento de frenar las ejecuciones de las pignoraciones de las acciones de las que son titulares estas compañía y que se habían dado en garantía.
En la mayoría de las sociedades concursadas se ha presentado ya el informe de la administración concursal en el que se valoran los activos y las deudas de la compañía y se comunican a las partes para que realicen sus alegaciones, según indicaron a Efeagro fuentes judiciales.
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