La defensa de M.C, el acusado de matar presuntamente a golpes con un martillo a su mujer, Eugenia C, de 53 años, no considera que, a priori, el suceso ocurrido el pasado jueves en una vivienda de la calle Justicia tenga componentes de género que lo enmarquen en un caso de violencia machista propiamente “por mucho que fuese su pareja” y descarta que en el matrimonio hubiera “mala relación de pareja”, peleas y malos tratos después de más de 30 años juntos.
No obstante, el Juzgado de Instrucción se inhibirá en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez, que se encargará de la investigación de la causa, una cuestión que la abogada del investigado, de 55 años, achaca a “una pura cuestión procesal”, apunta Yolanda Morales, la letrada de oficio que estaba de guardia y a la que se le asignó el caso. Esta abogada le asistió en la declaración que prestó ante el juez de guardia del Juzgado de Instrucción número 4 el pasado sábado “durante toda la mañana” -tras la que se decretó su ingreso en prisión- en un interrogatorio en el que estuvo acompañado también por un intérprete y durante el cual el acusado “estaba afectado, llorando y se derrumbó” en varias ocasiones.
“Es un hecho que no que no encuadra dentro de unas circunstancias de violencia de género, sino que es más un tema social, de una desesperación, de una falta de medios. Estaban (por el matrimonio) muy al límite, en la miseria, y hacía mucho tiempo que esa persona (por la víctima) estaba mal y desatendida”, señala para referirse a Eugenia.
Tanto ella como su marido son de nacionalidad Rumana y vinieron a Jerez hace unos años “para buscar ayuda y curarla”, apunta para referirse a sus dolencias de corazón, dado que pese a que tenía problemas de movilidad por los que a veces utilizaba la silla de rueda para sus desplazamientos “no estaba impedida”.
Aunque el matrimonio tenía 11 hijos y 30 nietos, vivían solos, asegura la defensa, que desconoce si la vivienda en la que residían estaba okupada y el paradero de los hijos. “Él la cuidaba, y eso está contratado; la adoraba, la quería mucho. La trajo a España para curarla y buscar tratamiento”, señala. Unas circunstancias que chocan con la violencia empleada en el crimen, tras el que el acusado habría intentado suicidarse sin éxito con la ingesta de pastillas, por lo que tras su detención tuvo que ser trasladado a un centro de salud para someterse a un lavado de estómago.
“No fue premeditado”
Según la defensa, lo que le traslada el acusado es que “actuó por enajenación (mental) ante una circunstancia límite”, por lo que descarta que lo ocurrido obedezca “a una situación buscada y premeditada”. “Él no sabe por qué reacciona de esa manera, tiene un arrepentimiento tremendo, no está en sus cinco sentidos y no tiene capacidad en ese momento (durante los hechos). Ha hecho un daño involuntario, sin buscarlo”, manifiesta, tras apuntar a que llevaba tiempo con una “idea suicida” y “sin valorar su propia vida”.
Tampoco cree que “fuera un tema de pelea” pese a que los vecinos llamaron a la Policía alertados por los gritos. “Estaban en una situación social desesperada y al límite, llegó un momento en el que no podían sobrevivir. Vinieron para una vida mejor y no encontraron trabajo ni nada. Vivían en una tremenda miseria. Son víctimas de la sociedad”, apunta, tras resaltar el deterioro físico de ambos “como si tuvieran 15 años más”. Por último, a la defensa no le constan denuncias por malos tratos.
Las diligencias, en fase muy incipiente
La defensa del acusado declinó ahondar en más detalles de la investigación, ni pronunciarse sobre si había testigos, pues aunque asegura que el matrimonio vivía solo, en el número 15 de la calle Justicia había otras familias rumanas en el patio. Las diligencias, añade, están en una fase “muy incipiente”.
El Gobierno lo confirma como caso de violencia de género
Las declaraciones de la abogada del acusado a este periódico llegan el mismo día que el Gobierno ha confirmado como caso de violencia de género el asesinato del pasado jueves. Hasta la fecha, señalan, un total de 33 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por violencia de género, tras confirmarse los casos de Jerez de la Froneta (Cádiz) y Oviedo, que el Ministerio de Igualdad ya ha condenado. Hasta la fecha, un total de 1.066 mujeres han sido asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.
Las dos últimas víctimas son una mujer de 53 años asesinada presuntamente a manos de su marido el pasado 10 de septiembre en Jerez y una mujer de 60 años asesinada presuntamente por su pareja en Oviedo. Ninguna de las dos últimas víctimas tenía menores a su cargo ni existían denuncias previas por violencia de género.
Sobre las 7,50 horas del jueves 10 de septiembre, en el 091 de Jerez se recibían varias llamadas para informar de que en una vivienda de la calle Justicia se escuchaban voces y gritos fruto de una pelea que se estaba llevando acabo en su interior.
Una vez personados los agentes de la Policía Nacional en el lugar de los hechos, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de 53 años y detuvieron a un hombre de 55 años, al parecer pareja de la fallecida.
La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos y descubrir la circunstancias del fallecimiento de la mujer. Tanto la ministra, Irene Montero, como la delegada del Gobierno en Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su condena y rechazo ante ambos asesinatos, al tiempo que han mostrado su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. También lo han hecho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
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