Las negociaciones para la reforma de la PAC se encuentran ya en su tramo final. Una nueva PAC que es un modelo diferente a las anteriores políticas y donde el ministro, Luis Planas, hizo ayer un llamamiento a las comunidades autónomas para que realicen “un gran esfuerzo” para “maximizar el impacto del dinero” que va a llegar a los agricultores y ganaderos españoles. “Es importante que el paquete legislativo quede cerrado en el consejo de ministros de la UE de octubre. Así, a principios de 2021 estará aprobado el reglamento que garantizará la certidumbre que España necesita para diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional. De esta forma, se podrá presentar formalmente en otoño de 2021, con objeto de que en 2022 la Comisión apruebe el plan y todo el desarrollo normativo nacional”, señaló ayer el ministro Planas tras la celebración del Consejo Consultivo de Agricultura.
Para los asuntos que quedan por resolver, la presidencia alemana ha lanzado una serie de cuestiones como eje del debate europeo de la semana próxima:
Condicionalidad.- La posición española es que cada Estado fije el porcentaje mínimo de superficie no productiva de acuerdo con sus especificidades. En todo caso, si tuviera que haber uno común para toda la UE, este debería ser del 5% para las tierras de cultivo.
Ayudas directas.- Con respecto al tope de ayudas, se ha presentado la interpretación de la Presidencia alemana, tras el Acuerdo del Consejo Europeo de julio, acerca de la posibilidad de introducir una reducción progresiva de los pagos a partir de 60.000 euros hasta el máximo de 100.000, que sería aplicable a la Ayuda Básica a la Renta.
Ecoesquemas.- España comparte que sean obligatorios para todos los Estados, que cuenten con un presupuesto mínimo y una reserva de fondos del primer pilar y que tengan flexibilidad financiera, especialmente en un primer momento. Así, el margen de maniobra de cada país será mayor y se evitará tener fondos sin gastar. El Ministerio apuesta, además, por desarrollar un mecanismo que permita transferir fondos de los ecoesquemas a otros pagos directos para evitar la pérdida de recursos”.
Consejería de Agricultura
Durante la reunión, la consejera andaluza Carmen Crespo pidió al Ministerio que siga trabajando para conseguir una dotación financiera mayor o presupuestos compensatorios. “No se puede pedir más cuando se reduce el presupuesto”, en alusión al contraste entre el incremento de exigencias que se intuyen desde Bruselas y el recorte de 40.000 millones de euros que ha sufrido la dotación financiera de esta política comunitaria a nivel europeo para el marco 2021-2027 en comparación con el actual. La consejera apuntó que este descenso del 10% de los fondos se traduciría en una reducción de alrededor de 5.000 millones de euros para España y de más de 1.200 millones para Andalucía. Crespo solicitó al ministro que reclame en Bruselas una “flexibilidad suficiente” en los Reglamentos europeos “para que todos los pagos directos desacoplados (pago redistributivo, ecoesquemas y regímenes de pequeños agricultores y jóvenes agricultores) se calculen en función de un porcentaje del valor de los derechos de pago básico de cada agricultor”. Además, la consejera destacó o la importancia de avanzar en los mecanismos de mercado y gestión de crisis, e instó a agilizar los mecanismos de intervención y actualizar los precios establecidos por la Unión Europea para su puesta en marcha. Y pidió garantizar que los instrumentos de regulación sean “eficaces y fiables”.
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