La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha manifestado que el Ayuntamiento no podrá gastar cuatro millones de euros del remanente municipal por la negativa de las fuerzas parlamentarias, lideradas por el Partido Popular, a aplicar las medidas propuestas por el Gobierno de España.
Cavada calificó a decreto del Gobierno como “flexible” con los ayuntamientos y permitía poner en marcha desde medidas medioambientales y sostenibles como en el caso de San Fernando como paliar déficit de servicios y ayudas a personas afectadas por la pandemia.
En San Fernando va a afectar al proyecto dotacional de mobiliario de la playa de Camposoto, el puerto náutico de Gallineras, las campañas de aglomerado y mejoras de calles tan demandadas y acciones para solucionar reclamaciones históricas en materia de alcantarillado, además de la ampliación de la nueva sala de estudio.
Todas esas obras suponen también una ayuda para las empresas que las realizan además de buscar el bienestar de la ciudadanía y la transformación del modelo económico de la ciudad.
“Ha sido un bloqueo por el bloqueo sin tener en cuenta absolutamente nada más”, dijo Cavada con respecto a la votación en el Congreso por el que van a pagar justos por pecadores, como es el caso de San Fernando que contaba ya con ese dinero para inversiones.
El RD 27/2020 incluía un amplio conjunto de medidas para fortalecer la autonomía local de los ayuntamientos y les permitiera contar con un papel muy relevante en la estrategia de reconstrucción. Establecía que las entidades locales que lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el total de sus remanentes de tesorería.
El Estado les realizaría un ingreso no financiero por importe, como mínimo, del 35 por ciento de los fondos aportados, que incrementaría hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes. Además, Hacienda les devolvería el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar a partir de 2022.
Sin embargo no ha sido sólo el PP, aunque fuera el impulsor de la “rebelión de los ayuntamientos”, el que votó en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. Todos los grupos parlamentarios votaron en contra del Decreto y la mayoría de formaciones abogan por permitir el uso del superávit y la incursión en déficit mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Incluso el social del Gobierno socialista, Unidas Podemos, se sumó a las tesis del PSOE horas antes del Pleno tras negociaciones el filo del alambre.
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