Importante golpe a la economía sumergida en la provincia de Jaén. La Inspección de Trabajo ha conseguido aflorar durante el primer semestre del año 419 empleos sumergidos, lo que supone 71 más que en el mismo periodo del año anterior (348). Del mismo modo, se han transformado en indefinidos 609 contratos que hasta ahora eran temporales. “Estas cifras dan una muestra de la importante labor que se está realizando en la lucha contra el fraude laboral en la provincia”, indicó la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, tras mantener una reunión de coordinación con la jefa provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Mariola Palacios, responsable del control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social. Aunque el primer semestre del año ha estado marcado por la pandemia y por la declaración del estado de alarma, la Inspección ha realizado más de 5.000 actuaciones de control en los seis primeros meses de 2020. Es un número inferior al de ejercicios anteriores, debido principalmente a las medidas decretadas durante el confinamiento.
De las 5.088 actuaciones, 2.557 están relacionadas con Seguridad Social, 1.551 con la Prevención de Riesgos Laborales; 869 de Relaciones Laborales, 34 de Empleo y Extranjería; y 77, de otras actuaciones. En total, se han detectado en este primer semestre 269 infracciones a la legislación del orden social, con un importe de las sanciones propuestas de 757.147 euros. Además, la Inspección ha resuelto expedientes liquidatorios de cuotas debidas a la Seguridad Social por un importe de 2,08 millones de euros, en una cifra en la que se incluyen las actuaciones conexas a esos expedientes, es decir, la devolución de prestaciones, ayudas y subvenciones percibidas de forma irregular. “Esta labor inspectora permite recuperar recursos económicos para el sistema e impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos”, manifestó la subdelegada. Igualmente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se realizaron en el primer semestre casi 700 requerimientos para que las empresas corrigieran algún tipo de anomalía, la mayoría de ellas (505) en materia de Seguridad y Salud. Buena parte de esta actividad inspectora viene motivada por las 304 denunciadas presentadas y admitidas a trámite por este organismo.
La subdelegada destacó la buena coordinación y colaboración de la actuación rogada derivada de las denuncias de organizaciones sindicales y trabajadores, y de las peticiones de órganos jurisdiccionales o entidades gestoras de la Seguridad Social. La campaña especial sobre riesgo de exposición al coronavirus realizada en los centros de trabajo ha originado la realización de 47 órdenes de servicio en los seis primeros meses del año, sin que se haya producido ninguna propuesta de sanción. La subdelegada, igualmente, ha alabado la labor realizada durante el estado de alarma por la Inspección de Trabajo en la tramitación de los 6.400 ERTE’s, solicitados por empresas en la provincia para hacer frente al impacto económico y social del covid-19. Se han llevado a cabo más de 400 intervenciones realizadas en estos seis meses.
Economía sumergida
No hay datos oficiales sobre el impacto de la economía sumergida en la provincia de Jaén. Con todo, el Plan Estratégico de Jaén ya apuntaba la existencia de “una extendida economía sumergida en sectores como el de la confección, la manufactura de productos de artesanía y las empleadas de hogar, lo que genera una importante bolsa de empleo sumergido”. Fue el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) quien, en 2010, cifró la economía sumergida en Jaén en el 24,4% del PIB, lo que supone 2.409 millones anuales de dinero negro. Esa cantidad equivaldría a decir que cada jienense oculta a Hacienda 3.680 euros de media al año. Según Gestha, bolsa de dinero negro aumentó en un 30,6% en Jaén en el primer decenio de este siglo, lo que explica que aunque la economía creció a niveles históricos gracias al ‘boom’ inmobiliario, la recaudación lo hiciera a un ritmo mucho menor debido a la evasión fiscal en el sector constructor y promotor, donde las operaciones especulativas de compra-venta inmobiliarias encontraron su caldo de cultivo.
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