La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha pedido en Madrid una financiación “justa y equilibrada” para dependencia. Lo hace después de que el Parlamento, por unanimidad, respaldara un Pacto de Estado por la Dependencia en España. La principal demanda es que el Gobierno central asuma a partes iguales con las comunidades este servicio “esencial”. En la actualidad, Andalucía paga el 80% y la Administración central solo un 20% en dependencia.
Ruiz ha subrayado la necesidad de garantizar el carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la Ley en todo el territorio nacional con más motivo aún en estos momentos, cuando la situación obliga a revisar el modelo de atención a la dependencia.
Para ello, la consejera andaluza ha mantenido un encuentro en Madrid con las patronales del sector de la dependencia a nivel nacional, con el objetivo de obtener su respaldo al Pacto de Estado por la Dependencia que lidera Andalucía para proteger y garantizar el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Andalucía pretende propiciar así un debate sobre dependencia en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno de España.
Ruiz ha expresado la necesidad de revisar el ‘Libro Blanco de la Dependencia en España’ de 2004, “puesto que en 2010 ya se habían superado sus previsiones en más de un 220%. Esta falta de rigor provocó que la Ley naciera infrafinanciada, haciendo incurrir a los distintos Gobiernos de España en un incumplimiento grave y continuado en lo que establece en referencia a la financiación del sistema”.
En este sentido, ha recordado que, actualmente, la Junta de Andalucía soporta más del 82% del gasto, por lo que la aportación del Estado queda muy alejada del 50% que la propia Ley establece”, ha subrayado.
El presupuesto de la Junta para el año 2020 ha recogido la mayor cuantía de la historia en materia de dependencia en Andalucía: 1.509,2 millones de euros para el programa de Atención a la Dependencia, envejecimiento activo y discapacidad. También es el que ha experimentado un mayor crecimiento en términos absolutos, con 46,8 millones, lo que supone un 3,2% más que en 2019.
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