El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, informó este viernes que 17 municipios gaditanos y la Diputación podrían contar con más de 82 millones de euros para hacer frente a actuaciones de servicios sociales, igualdad, educación, movilidad, agenda urbana y cultura si prestan al Estado sus remanentes de tesorería, hoy bloqueados, a cambio de recibir a fondo perdido una ayuda que suma en el conjunto de España 5.000 millones entre este año y el siguiente. Además, Hacienda les devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de diez años a contar a partir de 2022.
Estos 82 millones corresponden al 35% de los más de 234 millones ahorrados por Alcalá del Valle, Algeciras, Bornos, El Bosque, El Gastor, La Línea, Paterna, San Fernando, San Roque, Setenil, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Villaluenga, Villamartín, San Martín del Tesorilo y la institución provincial, que “están inmovilizados en entidades bancarias”.
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) rebaja, sin embargo, estas cifras. Concretamente, la entidad apunta, según los datos facilitados a Andalucía Información, que las entidades locales de la provincia solo obtendrían ayudas por valor de 60,5 millones de euros en caso de ceder sus fondos al Estado.
La diferencia se explica porque, sostiene la organización, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha hecho los cálculos de importe que pueden recibir las entidades locales a partir de los remanentes líquidos de tesorería, en lugar de los remanentes de tesorería para gastos generales ajustados (esto es, restando los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada -por ejemplo, una obra financiada con una subvención que se ha ejecutado durante el año pero no ha recibido la financiación prevista-), como indica el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales. De esta manera, el máximo que podrían ceder al Estado es de 173,1 millones, casi 61 millones menos de lo proyectado por la Subdelegación del Gobierno, y sobre esta cifra se calcula el 35%.
Y, en cualquier caso, la cantidad que puede ser prestada será menor, dado que, de acuerdo a la ley de estabilidad presupuestaria, solo se podrá ceder los ahorros si no hubiese que reducir el endeudamiento, financiar las inversiones financieramente sostenibles a realizar en 2020, financiar los gastos comprometidos a final del pasado año y, en su caso, pagar facturas a proveedores.
Además, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, advierte de que, aunque el real decreto ley permite destinar la ayuda a cambio del préstamo a inversiones financieramente sostenibles acordadas a principios de año o a los gastos de sectores de especial relevancia social derivados de la crisis sanitaria, acabarán, en gran parte al tercer uso contemplado, mantener el equilibrio presupuestario al cierre de 2020 debido a la segura abrupta caída de los ingresos.
Debate político y propuesta técnica
El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha pedido esta semana al Gobierno, con otra treintena de consistorios de toda España, “iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos (contra las consecuencias del Covid-19) basados en la igualdad y la solidaridad”.
El PP, por su parte, ha indicado por medio del vicesecretario de Política Territorial del partido, Antonio González Terol, que “no puede apoyar, bajo ninguna condición, una incautación de los ahorros municipales pues seríamos cómplices del despilfarro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha propuesto un fondo municipal de 5.000 millones de euros, independiente del superávit, y proporcional de 16.000 millones que han obtenido las comunidades autónomas.
Mollinedo, por su parte, valora la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero admite que quizá los 5.000 millones dispuestos no sean suficientes, de manera que plantea que se permita a las entidades locales a decidir qué parte prestan de sus remanentes y no se exija el préstamo de la totalidad.
El portavoz de Gestha también reclama la dotación de otro fondo especial para financiar a las entidades locales con el aval del Tesoro Público y que será devuelto conforme se vayan percibiendo las amortizaciones anuales de los préstamos para financiar gasto que no pueda demorarse al ejercicio siguiente, asegurar el pago a proveedores y financiar la parte restante del gasto comprometido en inversiones financieramente sostenibles acordadas con el superávit de dos años anteriores a partir de 2024.
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