El segundo juicio de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía, el primero vinculado a una pieza separada relativa a la ayuda a una empresa concreta, empieza este 9 de septiembre en la Audiencia de Sevilla, que inicialmente juzgará a doce personas, entre ellas cinco condenados en la pieza política.
El juicio versa sobre los 2,9 millones de euros que el Gobierno andaluz concedió en 2003 a la mercantil sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco) y se celebrará en la Sección Tercera durante seis meses, ya que tiene previsto finalizar en marzo de 2021, según han informado fuentes judiciales a Efe.
Lo primero que decidirá el tribunal es si mantiene como acusados a los ex altos cargos ya enjuiciados y condenados por malversación y prevaricación por el conocido como procedimiento específico, que son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.
La Sección Primera impuso a Fernández y Guerrero siete años, once meses y un día de cárcel; a Barberá y Márquez, siete años y un día; y a Serrano, seis años, seis meses y un día.
La doctrina de la Audiencia, en concreto de la Sección Séptima, pasa por excluir de las piezas separadas a los procesados por la pieza política en aplicación del principio non bis in ídem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.
El futuro de estos cinco encausados es una de las cuestiones previas que el tribunal prevé resolver durante las tres semanas y media en que el juicio estará suspendido, del 14 de septiembre al 8 de octubre.
En esta pieza, una de las casi 190 en que se dividió la macrocausa de los ERE, también está acusado otro exdirector de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, que no fue juzgado por el procedimiento específico.
En el caso Acyco, la Fiscalía Anticorrupción pide doce años y medio de cárcel para Fernández y Barberá, ocho por un delito continuado de prevaricación y cuatro y medio por prevaricación y falsedad documental; ocho años para Guerrero y Serrano por prevaricación continuada; seis años para Rivera y cuatro y medio para Márquez.
También reclama catorce años para la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, y que los acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 2.951.410,84 euros, que es el importe total de las ayudas concedidas.
La Administración autonómica, que ejerce la acusación particular, reclama penas de entre seis años y medio y tres años sólo para Fernández, Guerrero y Márquez.
En su escrito, Anticorrupción relata que Acyco presentó en marzo de 2003 un ERE para extinguir 35 puestos de trabajo a través de prejubilaciones y una póliza suscrita más tarde con la intervención de Vitalia.
Guerrero y Poto firmaron un protocolo de colaboración, pero la Fiscalía dice que no hubo ni solicitud de la empresa ni expediente administrativo y que todos los procesados conocían que se "había prescindido del procedimiento legalmente establecido" y que ni Trabajo ni IDEA vigilarían "el cumplimiento del plan de inversiones y de futuro".
En el ERE fueron incluidos dos hombres que no trabajaban en Acyco, los llamados 'intrusos', uno de ellos un "amigo de la infancia" de Guerrero que recibió 113.480,72 euros de la póliza y para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel.
El otro fue Domingo Martínez, exalcalde ya fallecido de San Nicolás del Puerto (Sevilla), quien se benefició con 109.572,19 euros, según el Ministerio Público.
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