Las guarderías afrontarán el próximo 1 de septiembre la primera prueba de fuego del retorno de los niños a las aulas. Lo harán cinco meses y medio después de echar el cerrojazo por la declaración del estado de alarma el 14 de marzo y sin que hayan podido hacerse a la nueva realidad. La portavoz gaditana de la Asociación La Escuela que Eliges, con 350 centros privados en Andalucía, lamenta que el Gobierno autonómico impidiera la reapertura en la fase 3 de la desescalada para ofrecer a los padres, como tradicionalmente hacen cada año, campus vacacionales de verano para sus hijos. “Las ratios reducidas y los protocolos específicos de prevención habrían facilitado estar preparados para asumir el curso próximo con garantías y concienciación”, sostiene.
Además, retomar parcial y gradualmente la actividad habría facilitado la vuelta al trabajo de los educadores, saliendo poco a poco de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE), y permitiendo ingresar cuotas para afrontar la reforma, en muchos casos de los establecimientos, para cumplir con las exigencias de las medidas de prevención higiénico-sanitarias o la adquisición de equipos de protección individual (EPIS). Además, habrá que reforzar plantillas, pese a la reducción de ratio y una caída de solicitudes, no tan acusada como temían por la “campaña de miedo”, pero lo suficiente para dificultar cuadrar cuentas. “El trabajo que hacía antes una persona ahora precisa de dos empleados”, asegura la también propietaria del CEI Maju, en El Puerto.
Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, asociación andaluza que aglutina a casi 600 guarderías en toda Andalucía privadas y adheridas al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, comparte preocupaciones por las dificultades que atraviesan las empresas del sector, tanto en el plano económico como en lo referente a la seguridad.
Por un lado, lamenta la falta de reflejos de la Consejería de Educación, que alimenta la alarma social, al no fijar fecha para que el personal docente se someta a exámenes clínicos para descartar la infección. Si no se hacen antes del 31, será imposible abrir en la fecha prevista. “Hay una campaña negativa”, advierte, y cualquier contratiempo será perjudicial. “La realidad es que las escuelas infantiles serán los espacios más seguros para que los niños puedan socializar”, dice, por lo que confía en que la Junta no falle. Por otra parte, denuncia que “numerosos propietarios no han cobrado aún la segunda parte de la primera subvención ofrecidas por el Ejecutivo autonómico para el mantenimiento de los puestos de trabajo por la pandemia.
En este sentido, teme que, en caso de que se detecte algún brote o haya que llevar a cabo cuarentenas por aula o por instalación, “la Junta nos deje abandonados”. Ante esta eventualidad, reclama que el Gobierno andaluz se haga cargo del 100% del coste de cada una de las plazas que queden en suspenso. “Ahora solo ha pagado el 65%”, de manera que cada empresa asume costes sin haber podido obtener ni un solo céntimo de ingresos.
Uncala considera que es el momento de dar pasos al frente. Juanma Moreno cumplió con su compromiso y actualizó los precios públicos de los servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y servicio de taller de juego, pasando de los 278,88 a los 320,71, con bonificaciones desde el 13,04% al 82,61%, para que las familias no asumieran el aumento del precio-plaza. “Ahora toca la gratuidad total”, concluye.
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