La Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva ha incrementado los servicios encaminados a la vigilancia y control de los establecimientos de venta y depósitos de artículos pirotécnicos con motivo de la proximidad de la finalización del plazo de adaptación de las medidas de seguridad al vigente Reglamento de pirotecnia y cartuchería. En concreto, han intervenido un total de 19.118 unidades de artificios pirotécnicos, cuyo almacenaje no cumplía con las medidas de seguridad obligatorias.
Por todo ello, agentes de la Intervención de Armas llevaron a cabo una inspección en un punto de venta permanente de artículos pirotécnicos de la capital, comprobando entre otras anomalías que las medidas de seguridad obligatorias para dicho establecimiento se encontraban desactivadas y albergaba en su interior gran cantidad de artificios de pirotecnia dispuestos para su venta al público.
Por tanto, se procedió a denunciar estos hechos ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva como presunta infracción al art. 36.12 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Además, los agentes actuantes adoptaron las medidas cautelares consistentes en la intervención y depósito de 19.118 unidades de artificios pirotécnicos de las categorías F1, F2 y F3, quedando éstos a disposición de la Autoridad Gubernativa.
Este tipo de artificios se catalogan según su grado de peligrosidad y nivel de ruido, caracterizándose la categoría F1 por su muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante, la categoría F2 por su baja peligrosidad y bajo nivel de ruido, mientras que la categoría F3 ya muestra una peligrosidad media y un mayor nivel de ruido.
En estas inspecciones, además de comprobar las medidas de seguridad ciudadana que impone el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, tienen como objetivo verificar que este tipo de establecimientos se han adaptado a la normativa vigente, ya que, tras la derogación del Real Decreto 563/2010, se estableció un plazo de adaptación que finalizará el 31 de diciembre de 2020.
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