La concejala del PP, Malu del Río, ha exigido explicaciones al Gobierno de Patricia Cavada ante la probabilidad de que el Ayuntamiento este incumpliendo de manera reiterada la Ley de Protección de Datos (LPD). Concretamente, la edil popular sitúa su denuncia en la situación a la que se enfrentan a diario los usuarios del módulo de accesibilidad de la playa de Camposoto.
“Toda persona que quiera hacer uso del denominado módulo cinco estrellas es sometida a un cuestionario que incluye todo tipo de preguntas de carácter personal, desde el domicilio y teléfono hasta la fecha y lugar de nacimiento. Resulta indignante que se haga esta criba entre la ciudadanía y se someta a las personas con movilidad reducida a un interrogatorio cuya finalidad, además, se desconoce”, subrayó.
Del Río incide en el hecho de que, con este método de consulta, además de vulnerar la LPD, se generan ciudadanos de primera y segunda clase. “¿Por qué a una persona que necesita utilizar un determinado servicio público se le piden los datos, como en este caso, por el mero hecho de tener reducida su movilidad, y a quienes, por ejemplo utilizan otros como las duchas o los aseos no se les requiere ningún tipo de información?¿Puede explicar Patricia Cavada los motivos legales para que el Ayuntamiento actúe de esta manera?”.
También pregunta la concejala por el motivo de realizar ese cuestionario, el tratamiento de los datos, la custodia de los mismos y el uso que se le pretende dar a los mismos. A su juicio “se toman datos sensibles por personas que, entendemos, no están habilitadas para ello”. Aun así defiende que no es responsabilidad de los profesionales que trabajan en el módulo de accesibilidad realizar ese tipo de tareas y, por supuesto, debe ser el Ayuntamiento el que asuma las consecuencias de todo ello.
En el Pleno municipal del jueves fueron varios los ediles del PP quienes recriminaron a Patricia Cavada estos hechos a lo que la alcaldesa socialista respondió desconocer que se estaban pidiendo datos a las personas que acudían al módulo cinco estrellas y descargando la responsabilidad del Gobierno del PSOE y Ciudadanos. No obstante, el pasado año -concretamente el 5 de septiembre- el Ayuntamiento hacía público un balance de utilización del citado módulo, con datos de procedencia de los usuarios así como otros, incluidos los rangos de edad que más lo demandaron. A todo ello Cavada mostraba su satisfacción por todo ello.
Es por ello que desde el PP no se admita la excusa ofrecida por la alcaldesa del PSOE. “Lo sabía y utilizó parte de esos datos haciéndolos públicos. Ahora queremos que, de manera urgente, informe sobre este asunto y ponga remedio. Desde aquí ya le informamos que el asunto va a ponerse en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)”, manifestó Malu del Río.
Desprotegidos
El Ayuntamiento de San Fernando está demostrando no haberse adaptado aún a la nueva Ley de Protección de Datos que entró en vigor hace ya dos años, de la que se sabía de los cambios que se iban a introducir desde hace 4 (con un reglamento de la Unión Europea), y cuyo cumplimiento parece haber sido ignoradopor el Consistorio isleño.
Así al menos lo constata el hecho de que el Ayuntamiento, pese a que así se lo exige la ley, no cuente con el delegado de Protección de Datos al que le obliga la Ley. A esta normativa se tuvo que adaptar en 2016 todo el sector privado y público para evitar multas millonarias y que, sin ir más lejos, hizo que las empresas tuvieran que comunicarse con los ciudadanos de otra manera con el objetivo de proteger su privacidad.
Pero es que, además, es preceptivo publicar un inventario en el portal de transparencia de todos los tratamientos que se hacen de los datos. Sí hay un enlace, por el contrario, a la nueva norma desde el portal de tributo que hace referencia a la última ley. Muchas preguntas que no pueden quedarse sin respuesta.
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