Y la inmensa mayoría, por no decir todos, nunca han enseñando a leer a una niña o un niño y mucho menos ha dedicado algunos años a trabajar con niños menores de 6 años.
Estos expertos, de la educación, se han ganado el adjetivo por lecturas y oídas. Algunos, muy pocos, han visitado, repetimos v i s i t a d o, algún aula y de ellos algunos han preguntado, repetimos p r e g u n t a d o, a las personas que trabajan en la docencia e incluso les han pasado cuestionarios. En eso que ellos dicen “investigaciones”. Que sin duda son serias y rigurosas en cumplir con los standares oficiales de las llamadas Ciencias de la Educación.
Estos expertos al final llegan a ocupar hasta carteras ministeriales o peor aún asesoran a quienes las ostentan, sobre todo lo divino y humano de los asuntos educativos. Y así va el asunto. Si a eso añadimos que el debatir sobre cualquier asunto no requiere mayor trabajo que hacerlo y en el campo de la política discutir de educación es muy recurrente, la ecuación de hablar y hablar de educación está servida. Y claro para que la ciudadanía reciba el espejismo de que se está en ello, políticos tras políticos, se dedican a redactar leyes, y nuevas leyes, planes de estudio, y más planes de estudio, sin que esos cambios formales nada cambien la realidad de las aulas, de las relaciones de docentes y discentes o entre familias y centros educativos.
La tendencia a dejar en manos de las direcciones de los centros cada vez más “marrones” no acaba de detenerse, incluso se incrementa en tiempos de pandemia, y ya estos frágiles, pobres e inoperantes cargos, no personas, deben bailar con la más fea, recibiendo el mandato de los políticos de que “justifiquen” lo injustificable a las familias.
La educación en este país tiene que experimentar una transformación profunda y parece que rescatarla de la crisis de políticos ineptos sería un buen comienzo. Autonomía real para los centros educativos que deben ser públicos, ya que la educación nunca puede ser en una sociedad democrática una mercancía, que se compra o se vende. Porque como la educación en una sociedad competitiva, antidemocrática en su esencia, nunca desarrolla el principio de igualdad de oportunidades reales, al final legitima las inmensas desigualdades y con ello la explotación de unos privilegiados sobre la gran mayoría del pueblo.
Una sociedad democrática garantiza la educación de toda la población, dando a cada cual según su necesidad y requiriendo de cada cual según su capacidad. En una sociedad así, es legítimo exigir la aportación al común social de todas las competencias que cada persona tenga. Deber ciudadano que es posible demandarlo solo cuando todos los derechos de cada cual estén garantizados. No antes. Por ello este principio de curso ya hay expertos que plantean desde foros “educativos” una escuela para ricos y otra para pobres. Una escuela on line para quien tiene todo y un abandono escolar para quienes nada o poco poseen. Sólo pensar en ese escenario permite concluir que más que expertos en educación serán ex-pertos y sólo eso.
Rafael Fenoy Rico
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
