Los concesionarios de las cafeterías-comedores de los centros de participación activa de personas mayores de la Junta de Andalucía tienen dos opciones: ‘morir’ lentamente o de golpe. Todo dependerá de si deciden seguir abiertos, como así les impone la Administración, o cierran los negocios ante su inviabilidad actual.
La diferencia pasa por pagar una cuantiosa penalidad económica por incumplimiento de contrato al cerrar sus establecimientos o mantenerlos abiertos a pesar de que las cajas diarias no llegan a los 20 euros.
Así lo ha denunciado a Viva Huelva Mar Centeno, concesionaria de las cafeterías-comedores del centro de Mora Claro, en Huelva capital, y del centro de Lepe.
En el caso de la provincia onubense, son 11 cafeterías en 11 centros de participación activa de mayores (Nerva, Riotinto, Valverde, Trigueros, Almonte, Bollullos, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y dos en la capital). En total, casi un centenar de familias las que comen de estos negocios, que llegan a más de mil en el caso de toda Andalucía.
Por ello, porque es mucho lo que está en juego, estos concesionarios piden a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de la que dependen estos centros de mayores, la suspensión temporal de los contratos por fuerza mayor, como así se hizo durante el estado de alarma.
Centeno explica que una vez que se levantó el estado de alarma y reabrieron estos centros, la Junta los “obliga” a abrir.
Sólo usuarios
Con el paso de las semanas han constatado que la actividad ha descendido mucho en estos centros. De un lado, por el miedo de las personas mayores, colectivo de riesgo ante el coronavirus, y de otro porque ahora sólo se permite el acceso de los usuarios.
Esto ha supuesto que “nos dejan en una situación desastrosa económicamente”, lamenta Centeno.
Tras elevar esta queja a la Junta, la respuesta es que “tenemos un contrato firmado y hay que cumplirlo”. De lo contrario, se aplicarán penalidades económicas y la rescisión del contrato, que según Centenero, podría suponer más de 12.000 euros.
Por si hubiera alguna duda sobre la situación actual de estas cafeterías, Centeno explica que en su caso, desde que han reabierto, “damos de media de seis a ocho desayunos, mientras antes de la pandemia se daban aproximadamente de 150 a 200; y ahora damos seis comidas por 60 que dábamos antes al día”.
Los números no engañan: “Esto no hay quien lo aguante”, lamenta esta empresaria, que explica que su negocio es un centro especial de empleo y da trabajo a personas con discapacidad. “En mi plantilla hay seis trabajadores, todos con discapacidad física, psíquica o sensorial. He sacado a dos del ERTE y los demás siguen, pero después, ¿qué haremos?”
Por todo ello, lanza un SOS a la Junta de Andalucía y le pide que entre en razón: “Nos sentimos indefensos, ¿por qué no nos escuchan aún sabiendo que nos hunden económicamente a los empresarios y a todas las familias de los empleados?”
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