Pintan bastos. España se prepara ya para una segunda oleada de coronavirus y todos los organismos empeoran sus previsiones económicas. La Comisión Europea teme una caída del PIB español del 10,9% en 2020 y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cifra el descalabro hasta en un 12,2%. El presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) baraja que el golpe sea de un 15%. Pendientes de Cataluña y de un posible cierre de fronteras con Francia, el verano no está resultando esperanzador.
Andalucía mira con preocupación la evolución de contagios y solo Huelva y Cádiz se mantienen sin brotes. Pero no hay que engañarse. Estar libre de Covid-19 no sirve absolutamente de nada si la movilidad vuelve a ser restringida entre comunidades autónomas e incluso entre provincias de una misma región. La recuperación no depende únicamente del número de infectados de nuestro entorno más cercano.
De hecho, como concluye el observatorio GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Andalucía, la provincia, sin haber sido uno de los territorios más castigados por los efectos de la pandemia sobre la salud de su población, “puede ser uno de los que más sufra sus consecuencias económicas”. Lo explica: “El impacto ha sido alto en sectores como el turismo, la hostelería, el ocio y el comercio con alta presencia en la zona”. A lo que se suma que ha afectado especialmente a microempresas, autónomos y empresas de reciente creación. Y Cádiz está sobrado de todo eso.
Con todo, esta no es la peor noticia. Lo realmente preocupante es la incapacidad de las administraciones y del tejido empresarial para dar respuesta a la crisis. El Gobierno central, que se está jugando los cuartos en Bruselas, baraja un ajuste fiscal que se traducirá en una mayor carga impositiva a las clases medias. La Junta de Andalucía, por su parte, rescata las viejas fórmulas socialistas, con planes paliativos de contratación temporal que cuestan un pico y que obliga a los ayuntamientos a poner recursos propios. Diputación, igualmente, lo fía todo a una concertación social que demostró a nivel regional su inoperancia y que a nivel provincial ha encendido todas las alarmas por las irregularidades detectadas en la gestión de 3,5 millones de euros por parte de la Confederación de Empresarios de Cádiz entre 2017 y 2019.
GEM Andalucía, en la línea del OEA, ha planteado aprovechar la crisis para poner en marcha medidas que sirvan para la reactivación económica, en primer lugar, que aprovechen las nuevas oportunidades que surgen para transformar la provincia y que impulse el conocimiento y la innovación. Ciertamente, los resultados no serán inmediatos. Pero está marcado el camino adecuado, y advierte a las administraciones públicas que hay que gastar mucho para salir de esta crisis pero, sobre todo, hay que gastar bien.
El problema es que los gobiernos, a todos los niveles, cuando no buscan la paz social a cambio de recursos públicos, confunden política económica y laboral con política asistencial.
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