WWF ha identificado hasta 40 problemas ambientales -entre los que un año más destaca la sobreexplotación de los acuíferos y el robo del agua- en 25 municipios del estuario del Guadalquivir que amenazan la salud del Parque Nacional de Doñana, al que califica como "un superviviente".
En su informe 'Doñana y el estuario del río Guadalquivir', la ONG pide a las administraciones que adopten modelos de gestión integrales como parte de las medidas de adaptación al cambio climático.
En concreto, exige "una vez más" medidas que considera necesarias como la puesta en marcha de forma inmediata las acciones del plan de la Corona Forestal (Plan de la Fresa); el cierre de fincas ilegales; la declaración urgente del acuífero en mal estado; la aprobación de un plan anual de extracciones del acuífero; la ampliación de este espacio a la zona marina; la reducción del impacto de los dragados de mantenimiento del río Guadalquivir.
También solicita una gestión adecuada de plásticos agrícolas, de los residuos y los vertederos, que no se vuelva a abrir la mina de Aznalcóllar y que se excluya de forma definitiva Doñana y su entorno como un lugar de almacenamiento de gas.
La ONG comenzó a elaborar hace 15 años el primer informe sobre problemas ambientales del enclave, el humedal más importante de Europa y tras la aprobación de planes como el nuevo PRUG del Espacio Natural o el Plan de la Corona Forestal en 2014, se esperaría que el estado de salud de Doñana estuviera recuperándose.
WWF propone un conjunto de soluciones para asegurar un futuro que será "incierto" si no se actúa con urgencia y determinación. "El análisis realizado demuestra que existen modelos de desarrollo conflictivos e incompatibles con un desarrollo sostenible a nivel ambiental, económico y social.
El coordinador de la oficina de Doñana de WWF, Juanjo Carmona, ha asegurado que "atajar estos problemas supone conservar Doñana, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y asegurar su futuro".
En concreto, año tras año WWF reitera que el principal problema es la sobreexplotación de los acuíferos y el robo del agua y señala que esta situación "crítica" ha terminado con España en el Tribunal Europeo de Justicia por incumplir vairas directivas, lo que ha obligado al Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a iniciar el 21 de febrero de 2019 el proceso para declarar la sobreexplotación del acuífero.
Además, añade que a pesar de los recientes esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para cerrar numerosos pozos durante el año pasado, el robo del agua en la Cabecera de la Rocina o en la zona regable de los Hatos, entre otras, sigue siendo un cáncer para el acuífero de Doñana.
Por ello, reclama que además de cerrar los pozos ilegales a su vez se aplique de forma estricta el Plan de la Corona Forestal, aprobado por el Gobierno de Andalucía en 2014 y que se acometan actuaciones en las fincas que "deben ser clausuradas" a pesar de que la Junta de Andalucía elude "sistemáticamente" su responsabilidad mientras la superficie de cultivos de frutos rojos irregulares sigue creciendo sin control, más de un 13 por ciento.
En la actualidad, afirma que la superficie total de cultivos en zonas que no pueen regularizarse es de 1.653 hectáreas, lo que supone el 20 por ciento del total de los cultivos bajo plásticos y algunas fuentes estiman que hay más de 2.000 infraestructuras de uso de agua "no legales" dispersas por el territorio.
Sumado a ello, la ocupación de márgenes y cauces para cultivos sigue creciendo y se calcula que al menos dos tercios de los ríos y arroyos estudiados están alterados.
Los vertederos y escombreras ilegales son otra de las amenazas para Doñana, porque, al igual que la quema de plásticos, el abandono de residuos es un problema ambiental que también puede tener impacto en la salud de la población.
En medio de estos retrocesos y dando un respiro a la mayor reserva ecológica de Europa, durante el último año y medio, dos sentencias judiciales han supuesto un avance en su protección.
En julio de 2019, el Tribunal Supremo tumba el proyecto de Dragado y en enero de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da carpetazo al proyecto Marismas Oriental de Naturgy de almacenamiento subterráneo de gas natural.
Sin embargo, la sombra de Aznalcóllar vuelve a proyectarse sobre Doñana, ya que la ONG recuerda que en la actualidad se están tramitando permisos para la reapertura de la mina, la misma que en abril de 1998 causó el mayor desatre minero de la historia de España.
En su lista de 40 problemas se refiere también al riesgo de incendios, que ha aumentado, como sucedió en junio de 2017, ya que veranos cada vez más calurosos y secos provocarán un mayor número de incendios, alimentados por la existencia de grandes masas forestales sin gestionar correctamente o la quema de rastrojos.
Otra de las cuestiones que afectan a la conservación de Doñana es la introducción de especies exóticas invasoras, que ha crecido durante los últimos 10 años, igual que la contaminación del aire, lumínica y acústica.
Por otro lado, recuerda que Doñana no está lejos del polo químico de Huelva, donde la emisión de gases, las balsas de fosfoyesos o los vertidos al medio marino, por accidentes en la descarga de petróleo, por ejemplo, son las consecuencias de la presencia de empresas dedicadas a la producción de fertilizantes y derivados del petróleo.
Tampoco deja fuera a la actividad pesquera, que adolece de un escaso control y vigilancia y el uso de dragas hidráulicas para la captura de chirla destroza los fondos marinos y afecta a especies de gran importancia socioeconómica como el langostino.
En definitiva, el informe refleja la "frágil" situación de un territorio único donde se gestionan de manera desordenada y diferenciada por cada administración tanto los espacios marinos, turísticos, forestales, agrícolas y ganaderos con actividades culturales y recreativas.
La responsable del programa de Agua de WWF, Teresa Gil, ha definido Doñana como "un símbolo de la conservación y de la resistencia" tras 50 años de lucha por su supervivencia.
"Vive en un difícil equilibrio ecológico; si las administraciones no toman las medidas para su protección en serio, su deterioro puede volverse irreversible y más incierto aún el futuro de este Patrimonio de la Humanidad del que son responsables la Junta de Andalucía y el Gobierno central", ha advertido Gil.
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