El documento del borrador de acuerdo propuesto por la Junta a los propietarios de ambas plantas navales expone inicialmente la situación económica en que se encuentran las sociedades Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla, donde se reconoce que ambas sociedades se encuentran "con importantes dificultades para el mantenimiento de la actividad y para atender sus obligaciones económicas y salariales, al carecer de capacidad para resolver su situación financiera y patrimonial sin adoptar medidas estructurales".
Asimismo, tras apuntar que los astilleros de Huelva "se hallan en una situación de especial gravedad financiera y patrimonial de la que no se atisba una solución de continuidad previsible", la propuesta recoge la necesidad de iniciar un cese "ordenado" de la actividad y el inicio de un proceso concursal con la presentación de al Juzgado Mercantil de una propuesta de convenio de acreedores, así como la prórroga del actual expediente de regulación de empleo de carácter temporal.
El documento indica que para abordar el futuro de la industria naval en Huelva "se requiere de un relevo en el órgano de administración y la colaboración de terceros que lleven a cabo el necesario cese de actividad".
De esta forma, junto al cese de actividad, se contempla el desarrollo de una unidad de negocio en Huelva, relacionada con actividades navales de mantenimiento y reparación de barcos, que permita absorber a la plantilla onubense. Además se pretende impulsar iniciativas privadas que desarrollen otras unidades productivas en la bahía de Huelva que permitan "paliar los efectos negativos que para el empleo y el tejido industrial de Huelva supondrá el cese de los astilleros".
Además, tras la presentación del convenio de acreedores, los astilleros de Huelva deberán modificar su órgano de administración y nombrar a un administrador único, con el visto bueno previo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas, que también supervisará el despacho de abogados que llevará el proceso concursal.
Este nombramiento del administrador único será una de las condiciones "suspensivas" del acuerdo, al igual que el hecho de que en la junta de accionistas que se llevará a cabo, los accionistas deberán "ceder gratuitamente" todos sus derechos políticos derivados de las acciones de astilleros, en favor de ese administrador único, que tendrá "las más amplias facultades para tomar decisiones incluso durante la liquidación de la compañía".
Asimismo, Astilleros de Huelva designará en una semana desde la firma del convenio como apoderado general al administrador único, que será el que inicie las actuaciones en el ámbito concursal, ante lo que el consejo de administración "se abstendrá de actuar sin el consentimiento del apoderado".
Los Astilleros de Sevilla
Por su parte, en el caso de los astilleros de Sevilla, donde los onubenses son propietarios del 90 por ciento de su capital social, el acuerdo reconoce que la factoría se encuentra inmersa en una situación financiera y patrimonial "complicada", pero podría ser "viable" en el futuro "siempre que se encuentre con la colaboración de nuevos inversores privados que aporten fondos para desarrollar la actividad, que asuman la gestión y dirección de la compañía y mantenimiento de la actividad y generando nueva actividad".
El documento recuerda que Astilleros de Sevilla "no tiene prestadas garantías por las deudas de Astilleros de Huelva ni ha asumido compromisos con esa sociedad".
Por ello, en ese caso, el convenio contempla un relevo en el órgano de administración, de forma que se incorporan nuevos inversores que asuman la dirección y gestión de la planta y tomen una participación mayoritaria de manera indirecta y a través de una nueva sociedad, en el capital social de los astilleros.
Esa nueva sociedad deberá encargar una auditoría a un experto independiente, elegido entre las principales firmas auditoras, para valorar todos los activos y pasivos de los astilleros sevillanos, que deberá tener el visto bueno de IDEA, al igual que una 'due diligence' para ambas factorías, encargada a un despacho de abogados.
En esta primera fase, se nombrará un administrador único para los astilleros sevillanos, aspecto que también forma parte de las condiciones suspensivas y esenciales del acuerdo.
De esta forma, en una segunda fase, una vez emitida la valoración, la nueva sociedad nacida de la unión de nuevos inversores, tomará una participación mayoritaria en el capital social de astilleros, que podría ser mediante compraventa de acciones o mediante ampliación de capital.
El plan de negocio y las garantías laborales
Asimismo, en una tercera fase, que durará dos años como máximo, se elaborará un plan de negocio y calendario de actuaciones en los astilleros de Sevilla, que será presentado a IDEA para su aprobación. Además, la empresa deberá instar la ejecución del acuerdo de garantías laborales suscrito con CCOO y UGT en 2006 tras la privatización de la empresa sevillana.
El documento indica que en esa fase se mantendrá la actividad actual de la planta y se irá dotando progresivamente de nueva actividad. Por último, en una cuarta fase, de consolidación del proyecto, se revisará el plan de negocio y el calendario y en esta se valorará la posibilidad de llevar a cabo "una fusión de Astilleros de Sevilla a favor de la nueva sociedad". Durante esa fase los actuales accionistas y terceras personas podrán entrar en el capital social de la planta sevillana.
Este documento apunta que IDEA "hará sus mayores esfuerzos para colaborar en el proceso, en defensa de los intereses generales económicos y sociales". Asimismo, hará "los mayores esfuerzos para suscribir un acuerdo con los nuevos inversores de la planta sevillana. Así, IDEA será le encargada de supervisar todo el proceso y la toma de decisiones en ambas plantas.
Este convenio debe ser suscrito por los máximos órganos de administración de ambas sociedades, de forma que en Huelva se deberá aprobar la presentación de la suspensión de pagos y del convenio de acreedores.
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