Este martes ha tenido lugar la catalogación de los bienes que posee Magrudis en su nave industrial, en el polígono empresarial El Pino, en Sevilla, con motivo del embargo decretado el día 4 de junio por el Juzgado de Instrucción número 10 de la capital, y asegurar así la fianza de cinco millones de euros a los dueños de la cárnica, responsable del mayor brote de listeriosis de España, que el pasado verano causó cuatro muertes, al menos seis abortos y afectó a más de 200 personas.
En esta actuación, aplazada por el estado de alarma, ha estado presente la jueza que lleva el caso, Pilar Ordóñez; representantes de la acusación particular --Facua y Ateneo Abogados--, y el dueño de la empresa, José Antonio Marín, junto a efectivos de la Guardia Civil. De este modo, una vez inventariados todos los bienes de la nave en la que explotaba el negocio --equipos de refrigeración de cámaras, envasadoras y traspaletas, entre otros--, por parte del secretario judicial, el siguiente paso será que acudan los peritos de la Junta a realizar las valoraciones y, posteriormente, se trasaladará el informe a las partes, como señala a Europa Press el abogado German Grima, de Ateneo Abogados, en representación del grupo de los lesionados.
La cantidad fijada para la fianza fue superior a la solicitada por las partes personadas en la causa, que pidieron entre uno y 1,5 millones, y por la Junta de Andalucía, que ejerce como acusación popular, y que reclama 3,4 millones en concepto de gasto sanitario.
La jueza atribuye a los investigados un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia, seis delitos de aborto por imprudencia y delitos de lesiones por imprudencia "cuyo número exacto aún está por determinar".
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