La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) han pedido acelerar el retorno de las 7.200 temporeras marroquíes que permanecen en Huelva y que se investigue la responsabilidad de ambos gobiernos sobre lo ocurrido.
La petición la han realizado a través de una carta remitida a la embajadora de Marruecos en España, Karima Beyaich, y al embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, han informado ambas entidades en un comunicado.
En ella precisan que tras de haber acabado la temporada de recogida de la fresa, las trabajadoras "se han quedado sin trabajo y sin ninguna alternativa o prestación que pueda preservar su dignidad humana", por ello, la Apdha y AMDH reclaman que los gastos de su retorno corran a cargo, tanto del Estado marroquí como del español, ya que los medios materiales de las trabajadoras no se lo permiten.
Además, han exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía, realizar pruebas de la COVID-19 a todas las trabajadoras, informarles de la necesidad de cuidarse durante el viaje y mantener cuarentena con sus familias a su llegada con el fin de garantizar la protección sanitaria a sus familias y facilitar el proceso de su retorno en unas condiciones sanitarias muy seguras.
Por otro lado, han solicitado una investigación sobre la responsabilidad compartida entre España y Marruecos, acerca de las condiciones económicas, sociales y los efectos psicológicos del bloqueo y del confinamiento sanitario que han sufrido las trabajadoras, que "han sido explotadas por aquellos que buscaban mano de obra barata, y los que querían obtener divisas a expensas de la dignidad humana, mientras que estas mujeres, son ignoradas y olvidadas, en sus momentos más difíciles", critican en su carta.
Las organizaciones consideran imperativo realizar una revisión radical del acuerdo de contratación, entre el Ministerio de Empleo e Integración Profesional de Marruecos, la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Competencias, por un lado, y el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social de España, y el Gobierno de la Junta de Andalucía, por otro, con el fin de garantizar derechos y un trabajo digno para estas trabajadoras.
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