Ecologistas en Acción ha registrado 24 alegaciones al proyecto de ampliación del vertedero de Nerva, en Huelva, que consideran “un atentado a la salud y la seguridad de la población”, con graves consecuencias medioambientales y para el entorno. En este sentido, el documento, elaborado con el concurso de una decena de científicos y técnicos, advierte de que el proyecto que plantea Ditecsa, empresa responsable, incrementa la contaminación y la destrucción de valores paisajísticos, naturales y culturales del río Tinto, por lo que fue dotado de una figura de protección que garantiza su conservación de cara al futuro e implica a diez municipios onubenses y uno sevillano.
La organización remarca que “este hecho dilapida la posibilidad de que la Unesco lo declare Patrimonio de la Humanidad y con ello todas las esperanzas y proyectos de desarrollo científico, económico y social que Nerva y otras localidades de la comarca pudieran albergar”. “Aunque la empresa asegure que el proyecto cumple con la legislación vigente y no altera las características del río Tinto con los vertidos, no existe en el proyecto información alguna que lo demuestre”, afirma. Y remarca que para conseguir la declaración es necesario e imprescindible mantener el cauce y el paisaje asociado en perfecto estado de conservación, el tratamiento de aguas procedentes de vertidos de los municipios por donde discurre y el control de la contaminación industrial. “La instalación de un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos se aleja bastante de las medidas necesarias para mantener las peculiares características de las aguas del río Tinto”, concluye. De hecho, denuncia que el estudio de impacto ambiental reconoce un incremento para la afección a las aguas superficiales vertidos provenientes de lixiviados y, como impacto, la alteración de la calidad de aguas.
La contaminación también afectará al suelo. Dictesa tiene previsto añadir una nueva planta de fabricación de tecnosuelos, para los que destinará residuos agrícolas y ganaderos, heces y orina de animales, suelos contaminados, escorias, lodos de depuradora, alimentos caducados, restos de la industria textil, de la madera o del cuero y de la piel. “Hasta 87.000 toneladas anuales de estos residuos variopintos para el propio sellado del vertederos de Nerva y para la restauración de espacios degradados, como minas y canteras”, detalla el documento, que recoge igualmente alegaciones contra las emisiones de gases invernadero, sobre todo metano, que contravienen la Ley Andaluza de Cambio Climático y el Plan Andaluz de Acción por el Clima.
Al respecto, la organización apunta que la documentación aportada por Ditecsa no incorpora los impactos en la calidad del aire y la repercusión de las emisiones atmosféricas en la salud, así como un estudio olfatométrico actualizado. Por otro lado, alerta de que la empresa contempla dos propuestas que pueden suponer nuevas vías de entrada a la incineración de residuos. “Los dos nuevos focos de emisión a la atmósfera generados a partir de la combustión de la caldera de biomasa añadirán más carga contaminante a una población cercana ya sufridora de los malos olores y emisiones actuales”, explica, al tiempo que subraya que “la heterogénea e indefinida mezcla de combustible para la caldera, que el proyecto no detalla, deja la puerta abierta a emisiones contaminantes no controlados”.
No es el único riesgo. Ecologistas en Acción afirma que la ausencia de informes geotécnicos y geomecánicos y la falta de avaluación de la estabilidad de taludes y demontes aporta un alto grado de falta de seguridad a las instalaciones proyectadas. En cualquier caso, Nerva, sostiene la entidad, “nunca ha estado ni está adecuada y convenientemente informada de los riesgos para la salud ni de los protocolos en caso de grave accidente”, y la empresa ha “ha incumplido el convenio el convenio con el Ayuntamiento para el funcionamiento del vertedero durante los 24 años transcurridos desde su firma”.
De salir adelante el proyecto de ampliación, y dada “la ausencia de un mapa de producción y unos objetivos para la clausura y cierre de todas las instalaciones”, está abierta la puerta “a perpetuar un mercado privado de residuos”. De esta manera, “se obstaculiza la tendencia a residuos cero a los que las empresas productoras de estos residuos deben tender” e ignora, según otra alegación, los principios de la Economía Circular.
Finalmente, tras cuestionar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos por parte del proyecto, Ecologistas en Acción solicita una investigación sobre la solvencia de las empresas identificadas en el proyecto, especialmente sobre la solicitante. De Ditecsa, indica que es una de las firmas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en 2018 por prácticas restrictivas de la competencia. En mayo de 2019 sacó un proceso concursa y en junio el presidente de la firma suscribió un convenio de acreedores que incluía la entrada de nuevos accionistas. Solo unos meses después, aprobó un plan de viabilidad financiera para los próximos cinco años y presentó un ERE extintivo que afectó a 60 trabajadores. Sancionada administrativamente en numerosas ocasiones, la instalación en Barcelona de Ditecsa se incendió en diciembre de 2019, lo que obligó a confinar a los vecinos de la zoina en sus domicilios y provocó un vertido contaminante en el río Besós.
PP, Cs y Vox respaldan el proyecto en el Parlamento de Andalucía
La Proposición no de Ley (PNL) defendida la semana pasada por Ismael Sánchez, parlamentario de Adelante Andalucía, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento de Andalucía, en la que se pedía el posicionamiento de la Cámara contra la ampliación del vertedero de Nerva y el cese de más residuos, fue rechazada por PP, Ciudadanos y Vox, que apelaron a los 42 empleos directos, 20 subcontratados y otros 200 indirectos, así como al medio millón de euros que aportan las instalaciones a las arcas municipales, para justificar el proyecto.
“La Junta está obligada a tramitar la solicitud” porque “la autorización ambiental integrada es de 2008, se han producido siete modificaciones y le da derecho a la empresa”, ha explicado, por su parte, la diputada popular Carmen Céspedes.
Los colectivos integrantes de Alianza por el Cierre del Vertedero de Nerva valoraron que, pese al rechazo, estas iniciativas y otras que se van seguir llevando a cabo, “van a servir para que al final las administraciones competentes, como el Ayuntamiento de Nerva y la Junta de Andalucía, asuman que es imposible permitir la ampliación que pretende Dictesa, empresa que gestiona el vertedero de Nerva, de unas instalaciones que llevan más de diez años sobrepasadas por encima del 300% de su capacidad”, y lamentaron, asimismo, “el chantaje de los puestos de trabajo”.
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