En concreto, el TS desestima un recurso de casación de la Junta de Andalucía contra la decisión de la Audiencia Nacional de no admitir la demanda de la administración autonómica.
Señala el fallo del Supremo que los preceptos invocados por la Junta como vulnerados son "ornamentales" y no entra el Tribunal a calificar el contenido de la demanda contra el Estado presentada por el Ejecutivo andaluz en septiembre de 2007 ante la Audiencia Nacional.
La consejera de Salud, María José Montero, apuntó ayer que acatarán la sentencia y confió en que la vía contencioso- administrativa en la Audiencia Nacional sirva para que se pronuncie sobre el "fondo".
Montero aseguró que la Junta acata la decisión del Tribunal, aunque lamentó que "no haya entrado" en el "fondo de la cuestión", un hecho que la consejera achacó a la "estrategia dilatoria" que desde hace años aplica la industria tabaquera.
"Se discute sobre las formas, sobre cuál es la jurisdicción competente, pero no sobre lo que interesa a la Junta, que es que la industria tabaquera debe responsabilizarse de los daños causados a personas que fallecieron por cáncer de pulmón y que supuso un gasto al sistema de salud", declaró Montero.
Lo importante para la consejera es que los tribunales se pronuncien sobre la demanda presentada por la Junta, en la que argumentaba, según recordó, que el tabaco contenía una serie de técnicas y sustancias que no habían sido declaradas y que incrementaban la adicción a la nicotina y, por tanto, los efectos sobre la no voluntariedad por parte del fumador.
La consejera recordó que cuando la Audiencia Nacional se situó en contra del recurso de la Junta, ésta, por una parte acudió al Tribunal Supremo y, por otra, abrió una vía contencioso- administrativa por vía patrimonial del Estado.
Montero confía en que al final "por esa vía se pueda entrar" y haya un pronunciamiento sobre lo que hay detrás del expediente presentado por la Junta: "demostrar que la industria tabaquera, aún a sabiendas que manipulaba la voluntad del ciudadano, no informaba del riesgo de la sustancia que comercializaba y que añadía sustancias no declaradas".
Montero recordó que la Junta "nunca quiso meter al Estado en la demanda" y aclaró que fue un "imperativo legal para no verse aislado y exclusivo de la vía jurisdiccional".
"Seguiremos luchando y trabajando porque la Junta tiene razón. Los ciudadanos no conocían los riesgos que tenía el tabaco para la salud", insistió Montero, quien aseguró que la industria tabaquera, que se ha lucrado, "tiene que responder, al menos, compensando a la Junta por los gastos sanitarios que se proporcionaron, ya que no se pude pedir daños morales o de otro tipo".
Así, explicó que solicitará a los servicios jurídicos de la Junta que siga investigando nuevas fórmulas para que la demanda "no decaiga y se mantenga viva para que al final se consiga que un tribunal se manifieste en relación con lo que se denuncia".
Desde el 2001 de litigios con la industria tabaquera
La Junta presentó inicialmente una demanda contra varias empresas tabaqueras, en el año 2001, la primera de este tipo en Europa, que después amplió contra la administración central, que era propietaria de Tabacalera hasta 1998.
Las compañías demandadas eran British American Tobacco, CITA, Altadis-Tabacalera, Tobacco Canary Island, Philips Morris y J.T. International, principales distribuidores de tabaco en España, y a las que el Ejecutivo andaluz reclamaba 1,77 millones de euros.
La reclamación se basaba en un artículo del Código Civil sobre responsabilidad objetiva, que indica que aquel que se enriquezca produciendo daño a un tercero debe pagar por el perjuicio.
El objetivo del proceso era conseguir que se declarara la relación causa-efecto entre el consumo de tabaco y el desarrollo de determinadas patologías, fundamentalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el infarto de miocardio y el cáncer de pulmón.
El proceso se inició en 2000, después de que quien era entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunciara en su discurso de investidura una querella contra las tabaqueras si no asumían los gastos generados por el tabaquismo en la comunidad, que cifró en 60.000 millones de pesetas.
Las tabaqueras rechazaron la negociación planteada por el Ejecutivo regional, por lo que la Junta autorizó a sus servicios jurídicos la interposición de una demanda civil.
En febrero de 2004, la Junta de Andalucía incluyó a la Administración General del Estado en la demanda, después de que el Juzgado de Instrucción número 68 de Madrid le obligara para poder continuar con el proceso como antigua propietaria de Tabacalera o, en caso contrario, proceder a su archivo definitivo.
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