El juzgado que instruye el caso de los ERE ha desestimado la petición del exconsejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarrías de sobreseer la causa por el préstamo puente de casi 6 millones de euros concedido en 1999 a la empresa cárnica de Jaén Hijos de Andrés Molina, y ha ordenado varias diligencias para seguir investigando el caso. En una resolución hecha pública hoy, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, afirma que "debe descartarse en el presente estadio procesal el sobreseimiento pretendido por la defensa" de Zarrías "a la vista de los indicios de criminalidad que se infieren de las presentes actuaciones en relación a su participación en los hechos delictivos por los que se procede".
Todo ello "sin perjuicio de la decisión que al respecto proceda acordar una vez que la presente instrucción jurisdiccional haya concluido", añade el juez en un auto dictado el 18 de junio, que puede ser recurrido. Esta pieza separada de los ERE, abierta en diciembre de 2019 contra quince personas, se refiere al préstamo de 5.829.817 euros concedido a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) -luego Campocarne y Primayor- por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 9 de noviembre de 1999.
El juez subraya que la petición de sobreseimiento del exconsejero, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en la pieza política de los ERE, se hace cuando "aún no ha sido concluida la instrucción jurisdiccional de la causa" y "ni tan si quiera se han podido practicar las iniciales diligencias en orden a la delimitación objetiva y subjetiva de los hechos delictivos que constituyen su objeto". Tras afirmar que no se debe "clausurar de forma anticipada y prematura el proceso", el magistrado afirma que "no consta que estas ayudas se concedieran previo análisis económico, realizado por la Junta de Andalucía, que pusiera de manifiesto si las mismas eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario", ni que la empresa tuviera "solvencia" para hacer frente al crédito ni que hubiera control administrativo ni fiscalización.
El crédito "se habría concedido sin solicitud formal de la ayuda por parte del beneficiario y sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la obtención y justificación del fin y destino de los fondos concedidos" y "sin que tampoco conste reclamación de devolución, ni exigencia de cumplimiento de sus condiciones de amortización o previsiones de impago", afirma el juez. "No pueden compartirse en el presente estadio procesal las categóricas afirmaciones -no sustentadas, por otra parte, en evidencias incorporadas a las actuaciones-" de la defensa de Zarrías sobre la “completa y absoluta regularidad de cuanto se hizo” en la operación realizada, explica el magistrado, que rechaza que el caso haya prescrito.
El juez añade que no consta que Zarrías, que fue consejero de Presidencia desde el 17 de abril de 1996 hasta el 24 de abril de 2009, "no interviniera ni conociera la génesis, naturaleza y alcance de las ayudas objeto de las presentes actuaciones; por el contrario, sí es posible deducir que habría resultado conocedor y partícipe del irregular sistema de concesión y financiación de las mismas".
Entre las diligencias pedidas por el juez se incluyen peticiones de expedientes y acuerdos de la Consejería de Empleo sobre este préstamo, informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas, expedientes de la Intervención General y el organigrama de la agencia Idea, antes IFA, desde 1999 a 2009. Además, el juez ha dictado un segundo auto en el que desestima el recurso de reforma presentado por la defensa de un exdirectivo de esta empresa, identificado como Ramón P.D.M., contra el auto de 3 de diciembre de 2019 en el que el instructor acordó incoar procedimiento de diligencias previas en relación a esta causa contra quince personas.
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