Un jurado popular enjuiciará del 6 al 8 de julio a la madre y el abuelo materno de la recién nacida hallada muerta el 16 de enero de 2018 en el vertedero de Alhendín (Granada) dentro de una bolsa de basura después de que supuestamente la golpearan hasta acabar con su vida y la arrojaran a un contenedor. La Fiscalía pide para ambos prisión permanente revisable.
El juicio, que debía celebrarse en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, se trasladará a la Sala Antonio Angulo del edificio judicial de La Caleta, que es mucho más grande, a fin de aplicar las medidas de distanciamiento social y prevención necesarias frente al coronavirus, según han detallado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
De salir adelante, sería el primer juicio con jurado popular que se celebra en Granada desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia, después de que el pasado 1 de junio se suspendiera el que había previsto por el crimen de un guardia civil en Huétor Vega (Granada) tras alegar las partes "falta de medidas de seguridad" en la sala para evitar contagios.
La Fiscalía ha solicitado prisión permanente revisable para los dos acusados por un delito de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco, lo que de producirse sería la primera condena de estas características en la provincia de Granada.
La pequeña, que nació viva y sana en la vivienda familiar, situada en Talará, en la localidad de Lecrín, fue localizada dentro de una bolsa de basura, desnuda y con el cordón umbilical cortado.
El fiscal sostiene en su escrito de acusación provisional que la madre, Fátima A.O. de 25 años, y el abuelo materno, Miguel A.F., decidieron desde un principio, "en ejecución de un plan preconcebido", deshacerse del bebé que venía en camino e intentaron "ocultar por todos los medios el embarazo", no acudiendo a control médico alguno.
La bebé, fruto de una relación "tormentosa" con un joven con el que la madre tiene otra hija, nació entre el 14 y el 16 de enero de 2018 en la citada vivienda, donde residían los dos acusados junto a la abuela materna, de unos 83 años, y la otra hija de la acusada, de 18 meses en aquel momento.
Una vez que se produjo el alumbramiento, cortaron el cordón umbilical con un objeto afilado y golpearon a la bebé "fuertemente con ánimo de acabar con su vida hasta ocasionarle la fractura del hueso occipital, así como una hemorragia en tiroides y riñones, lo que inevitablemente, y en situación de total indefensión, produjo su muerte".
A continuación, según el relato del fiscal, se deshicieron del cuerpo introduciéndolo en una bolsa de basura anudada y arrojada a un contenedor. Fue localizada el 16 de enero en la citada planta de reciclaje por un operario. Posteriormente limpiaron los vestigios que había en la habitación donde se produjo el parto y trasladaron al cuarto del abuelo materno la cama de matrimonio donde había nacido la pequeña.
Para "evitar sospechas del crimen atroz", la acusada envió esa misma mañana por Facebook Messenger un mensaje a su pareja y padre biológico de la bebé diciéndole que el día anterior se había caído en la ducha y en consecuencia la había perdido. Posteriormente, llegó a darle hasta tres versiones distintas de lo ocurrido, por lo que el padre de la pequeña llegó al convencimiento de que la había asesinado.
Según la autopsia, la causa fundamental de la muerte fue un traumatismo cráneo-encefálico y la causa inmediata un shock postraumático. El bebé presentaba diversas lesiones y fracturas, unas ocasionadas en vida que le produjeron su muerte y otras después de fallecer, como consecuencia del paso por distintos lugares hasta que fue encontrada en el vertedero.
La Audiencia Provincial decretó hace ahora un año la puesta en libertad provisional del abuelo materno tras solicitarlo su defensa, alegando que su cliente no ha participado ni directa ni indirectamente en los hechos y que no existe "ninguna prueba" que le vincule con su muerte, al margen de la declaración de su hija.
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