El sector de la miel zumba. La orden publicada el 2 de junio por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la concesión de subvenciones a la apicultura, en el marco del Programa Nacional para los años 2020-2022, ha causado un “profundo malestar” en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía porque “se han impuesto novedades restrictivas que no estaban en el borrador”, según ha denunciado en una nota de prensa.
Concretamente, la organización advierte de que se reduce un 45% el tope de la línea para el análisis de la miel, fundamental para efectuar la venta directa de productos apícolas, y se reduce, del mismo modo, el porcentaje de subvencionalidad, que pasa del 100 al 90%. Y, por otro lado, lamentan el recorte de la posibilidad de incluir la renovación de cera, “cuando está científicamente reconocido que es una forma activa de sostener la sanidad de la colonia, al pasar de una ayuda de 2,2 euros/colmena en el anterior trienio a solo 1 euro/colmena para los próximos tres años.
No obstante, Amador Expósito, presidente de la Asociación Apicultura de Andalucía (APA), indica que el verdadero problema del sector es la competencia desleal, que provoca, asimismo, un serio problema para la seguridad alimentaria. Expósito apunta que el Gobierno central sigue sin dar respuesta a la demanda para garantizar el etiquetado claro, de manera que se indique, por un lado, el o los países de procedencia de la miel y, por otro, el porcentaje en que se han mezclado. Así, en España es frecuente que se cuele producto procedente de China, fundamentalmente, adulterada con sirope de arroz y glucosa de maíz, que se somete, además, a un proceso de sobrecalentamiento, en torno a los 45 grados, para conseguir un color uniforme y una textura más líquida. “Esto convierte la miel, un alimento natural con beneficiosas propiedades para la salud, en un edulcorante”, alerta.
“Es un fraude para el consumidor”, añade Laura Gutiérrez, secretaria técnica de APA e hija de apicultores en Prado del Rey, localidad que, tras Hornachuelos, en Córdoba, es una de las principales productoras de Andalucía, con 30.000 colmenas, 40 familias dedicadas a la actividad y cinco empresas envasadoras.
La miel es el tercer producto más falsificado del mundo. Es cuestión de coste. El kilo de miel china vale en el puerto de Valencia 1,60 euros; la española, unos tres. Pero también es una cuestión de calidad y salud. Al producto adulterado se le añade polen en suspensión para burlar los controles en la Unión Europea (UE). Solo una resonancia magnética los detectaría y eso es materialmente imposible llevar a cabo. Ni tan siquiera está permitido.
El Gobierno, sin embargo, no ve un problema acuciante. En una reciente respuesta parlamentaria, considera suficiente los controles oficiales para verificar la información presente en el etiquetado por las autoridades competentes de las comunidades en materia de calidad alimentaria, coordinadas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y subraya, por otro lado, que ha solicitado a la UE “la modificación de la Directiva 2001/110/CE para mejorar los etiquetados de la miel en todo el territorio de la UE y no solo a nivel nacional, siendo más exigentes en cuanto a la indicación del origen de las mieles y garantizando una mayor amortización”.
Finalmente, sobre el proceso de producción y la prohibición de procesos de sobrecalentamiento, se limita a recordar que la UE no lo permite, “ya que no hay ninguna disposición que imponga la obligación de indica que la miel ha sido tratada térmicamente”.
Para Expósito, “el Gobierno se ha dejado ir”. No hay apoyo ni se involucra, pese a que España es el primer productor europeo de miel y Andalucía cuenta con 600.000 colmenas que se multiplicarán de manera inminente por las facilidades para iniciar el negocio. Pero con esto, vaticina, habrá otro problema, porque apenas se exige una formación de siete meses, del todo insuficiente, para desarrollar una actividad exigente: “Muchos acabarán tirando la toalla”. O en quiebra.
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