Los órganos de representación sindical de la Universidad de Sevilla, la Junta del Personal Docente e Investigador (PDI) y el comité de empresa ha remitido un escrito a los profesores para animarles a participar en una concentración el próximo lunes 22 de junio a las puertas del Rectorado a la misma hora a la que el Consejo de Gobierno de la institución académica se reúne para aprobar los criterios académicos para el próximo curso.
Los representantes de la plantilla piden que se convoque la mesa de negociación del PDI para “negociar unas condiciones laborales dignas en todos los escenarios para el próximo curso (presencialidad total, presencialidad adaptada o a distancia)”.
La plantilla denuncia una “total falta de sensibilidad” por parte del Rectorado en el borrador que está negociando antes del citado Consejo de Gobierno, argumentando la representación sindical que “no se abordan ni resuelven los numerosos problemas que hemos sufrido” como consecuencia del estado de alarma y el fin del curso presencial. Entre esos problemas detalla la “falta de dotación de recursos materiales, los problemas de conciliación y la sobrecarga de trabajo”.
El documento del Rectorado aboga por las clases presenciales pero pide la elaboración de planes de contingencia con dos escenarios posibles.
El primero de ellos supondría prever una “menor actividad académica presencial como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento que limiten el aforo permitido en las aulas”.
El segundo escenario parte de una “suspensión de la actividad presencial” como consecuencia de un rebrote que obligara de nuevo a medidas drásticas de confinamiento.
En el caso del escenario primero de contingencia (porque la Universidad parte de que las clases deben ser presenciales en la medida de lo posible), la Hispalense plantea en el borrador que las clases online y presenciales sean simultáneas. Es decir, que el profesor dé una clase a una parte de su grupo en el aula y a otra parte de los estudiantes de manera telemática. Este sistema es el mismo que planteó la ministra de Educación, Isabel Celaá, para la educación obligatoria.
El documento que se está consensuando dice más: “En el proceso de matriculación cada estudiante recibirá la información necesaria para conocer los días que deberá asistir a las sesiones en el aula y aquellos que deberá atender mediante sesiones síncronas online”. Todo un esfuerzo de organización de las clases y de la gestión de espacios y recursos. "Las aulas, -detalla el documento- estarán dotadas de sistemas técnicos que permitan la retransmisión de la sesión a través de nuestra plataforma virtual para su seguimiento por parte del estudiantado que le corresponda".
Las actividades presenciales se organizarán en “subgrupos del grupo principal, manteniendo en todo caso la asignación docente del profesorado”.
En la recta final de este curso, la evaluación online ha originado ruido y algún que otro dolor de cabeza en el Rectorado de laUS. En el borrador de los criterios académicos que se está negociando se busca acabar con ese problema en el próximo curso: “La experiencia acumulada durante el presente cuatrimestre permite asegurar la posibilidad de ello [de una evaluación en el periodo inicialmente programado sea cual sea el escenario] y, en consecuencia, no podrán existir adaptaciones para la evaluación de las asignaturas de los denominados tipos 2 (presencial y online) y tipo 3 (presencial)”. Se recomienda la evaluación continua y tutorías telemáticas.
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