Ante el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que declara el "anormal funcionamiento" de la Justicia en el procedimiento judicial correspondiente a la venta de los terrenos de la sociedad Mercasevilla, encabezada por el Ayuntamiento hispalense, el exprimer teniente de alcalde y exportavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, promotor de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado que ha dado pie a dicho informe, ve probado el "cierto tinte de instrumentalización" del proceso judicial y ha manifestado que si finalmente media una indemnización, solicitará que la misma sea cargada a la juez Mercedes Alaya como instructora del caso.
En declaraciones a Europa Press, Antonio Rodrigo Torrijos ha explicado que el informe, derivado de la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado formulada por el exdirector de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense Domingo Enrique Castaño (PSOE) y él mismo, "confirma" que el procedimiento judicial, instruido por la juez Mercedes Alaya, posteriormente encargada de investigar la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, estuvo "preñado de un cierto tinte de instrumentalización".
A tal efecto, ha recordado que después de que las diligencias arrancasen en 2009 a partir de una denuncia inicial del popular Juan Ignacio Zoido como entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense, la juez Mercedes Alaya le imputó a él ya en 2011, "en plena campaña electoral" de los comicios municipales de aquel año, lo que le ha llevado a exponer que Zoido "tuvo los réditos adecuados, a consecuencia de esta iniciativa, para alcanzar la Alcaldía por mayoría absoluta".
El supuesto "escándalo" entonces investigado, con amplia repercusión política y mediática, como ha recordado, concluyó no obstante el 21 de junio de 2017, cuando el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla hacía pública su "contundente e incontestable" sentencia absolviendo a los diez acusados en la causa, una absolución que "nadie recurrió, ni siquiera la Fiscalía", según Rodrigo Torrijos.
En ese sentido, la reclamación promovida por Rodrigo Torrijos y Castaño, según el informe recogido por Europa Press, señalaba que "la tramitación de las diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla se prolongó por más de siete años", con "lapsos temporales de completa inactividad"; y "desde el auto de incoación de las diligencias previas de fecha 27 de abril de 2009 hasta la notificación de la sentencia el 21 de junio de 2017, transcurrieron ocho años, un mes y 24 días".
"CONFLUENCIA MEDIÁTICA, EMPRESARIAL Y POLÍTICA"
Para Rodrigo Torrijos, en aquel tiempo medió "una confluencia mediática, empresarial y política, con objetiva connivencia judicial", para "acabar con el acuerdo de gobierno" que hasta 2011 mantenían PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla, en el contexto de "una España pintada de azul", en alusión a los gobiernos municipales del PP.
La juez Mercedes Alaya, entonces al frente del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y actualmente en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, jugó según Rodrigo Torrijos "un papel importante en esa estrategia", pues el ámbito judicial fue "una parte sustanciosa de la misma".
Dicha "estrategia" promovida contra el entonces Gobierno local de coalición entre el PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla fue según ha opinado "un laboratorio" de la operación similar que a su entender afronta el actual Ejecutivo central conjunto del PSOE e Unidas Podemos. "Había una estrategia para acabar con una experiencia ilusionante de un gobierno de izquierdas", ha aseverado, defendiendo que aquel gabinete estaba "poniendo los intereses generales por encima de los particulares" y promoviendo iniciativas "novedosas".
Además, mientras el mencionado informe del CGPJ declara que en el procedimiento judicial correspondiente al concurso promovido por Mercasevilla en 2005 para enajenar sus suelos medió "un exceso de tiempo a los efectos de la tramitación de las diligencias penales", señalando "una serie de períodos temporales que habrían dado lugar a dilaciones indebidas" porque "no queda acreditada la complejidad que justifique el dilatado período temporal", Rodrigo Torrijos ha insistido en el papel de Mercedes Alaya en dicha situación.
EL PAPEL DE ALAYA
Según ha manifestado, la actuación de la juez fue "más allá de una sola irregularidad", señalando especialmente la transformación de las diligencias previas en sumario en diciembre de 2013, finalmente anulada, porque según Torrijos y Castaño dicha medida "constituía un gravísimo error procesal absolutamente inexcusable, debiendo haberse incoado procedimiento abreviado".
Así, mientras ambos reclaman una indemnización de 73.500 euros para cada uno de ellos a cuenta de los "daños y perjuicios causados" por este "anormal funcionamiento" de la Justicia, Rodrigo Torrijos ha manifestado que si finalmente el Ministerio de Justicia acepta indemnizarles y fija una cuantía, recurrirá al denominado como "procedimiento de repetición" para que la cuantía de la indemnización no sea cargada al erario público, sino "a la persona que ha originado el daño", señalando expresamente a la juez Mercedes Alaya.
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