El Gobierno de la Diputación Provincial ha dado cuenta este miércoles, en sesión plenaria, del informe de control financiero en el que la propia Intervención cuestionaba el elevado montante de subvenciones concedidas a la CEC -3,5 millones de euros en tres años-, así como reparaba en la ejecución y justificación de algunas de las ayudas.
La diputada de Empleo, Ana Carrera, encargada de exponer el documento, lo presentó, en cualquier caso, como “una foto fija de un momento concreto en el que los expedientes aún estaban vivos” -febrero de este año- y como una guía en la que se “establecen recomendaciones de mejora continua que son positivas para la gestión de los recursos públicos” y que han dado pie a la redacción de un plan de acción, dado a conocer también en el pleno, “para la mejora en los procedimientos de concesión y de gestión de subvenciones”.
En este sentido, certificó que “los expedientes -todos, incluidos los de la CEC- ya están concluidos y justificados. Lo que no se ha ejecutado se ha devuelto con el pago de los intereses de demora. No hay nada en el aire, solo tranquilidad porque en el informe no se recogen actuaciones en las que se aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudiesen ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la existencia de responsabilidades contables, ni siquiera deficiencias que tengan que ser subsanadas de forma inmediata. Los expedientes se han concluido correctamente”.
Carrera eludió dar nombres propios y se refirió exactamente a “los empresarios” a la hora de abordar el resultado final de todos esos expedientes, como consecuencia de las indicaciones de la propia Intervención. “Desde el área de Empleo hemos entendido este informe como lo que es: una manera de mejorar los procedimientos”, tras lo que recalcó que “los empresarios seguirán haciendo uso de estos fondos porque el afán de este gobierno es seguir apostando por el desarrollo económico de la provincia, cumpliendo con las recomendaciones que desde Intervención se nos hace”.
También el PP, el único que intervino en el debate, de la mano de José Loaiza, eludió igualmente dar nombres propios, interesado en trasladar la cuestión al ámbito de la política y al de la fiscalización de la gestión de la Diputación, hasta el punto de que la propia diputada socialista le recriminó en un par de ocasiones que con quien estaba “quedando mal” era “con los empresarios, con los que usted ha hablado y le han explicado que no hay nada irregular, después de poner en duda la gestión que hacen de esos fondos”.
Loaiza negó la mayor y culpó al gobierno provincial de crear “inseguridad jurídica” en el ámbito empresarial a raíz de la falta de control a la que alude el informe de Intervención. “El informe no tiene desperdicio y se dirige al órgano de control y a las áreas gestoras de Diputación, y viene a decir que ha habido un descontrol total de esas áreas en cuanto a la verificación de las memorias justificativas, de las justificaciones de gastos, de los periodos, de la forma en que se hizo”. Aunque, obviamente, incidió igualmente en la cuestión de fondo: “El informe habla de que estos programas hay que restringirlos, y no empezar otros hasta que se culminen los primeros. Los planes y acuerdos de concertación social son necesarios, y queremos que se hagan con los agentes económicos y sociales, pero el control de los expedientes tienen fisuras y grietas”, incidiendo en el punto en el que se aconseja que sea la Diputación la que conceda las subvenciones, y no las empresas, “o como mínimo coordinado con el agente que lo haga, con la publicidad y las bases del gasto público”, ante la “inseguridad jurídica” generada.
Cuestiones aún pendientes
En su defensa del Plan de Acción del área de Empleo, Carrera insistió en la conclusión de los expedientes, con mención expresa a los que han devuelto fondos no ejecutados más los intereses de demora. No era el momento ni la ocasión para responder a ello, pero sería interesante conocer a cuánto ascienden esas devoluciones. Hay asimismo otras cuestiones reflejadas en el informe de Intervención que precisarían mayor concreción de cara a nuevos acuerdos, como las relativas al elevado importe que ha asumido hasta ahora la CEC y al hecho de que tenga que ser la Diputación y no la CEC la que realice la convocatoria de las ayudas.
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