La organización Women's Link Worldwide ha enviado una comunicación urgente a distintos organismos de la ONU informando sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufren las temporeras marroquíes y otras personas migrantes que trabajan en la recogida de la fresa y frutos rojos en Huelva.
La ONG ha reclamado a los relatores especiales de derechos de los migrantes, sobre la violencia contra la mujer y de pobreza de Naciones Unidas, entre otros organismos, "que actúen rápidamente, ya que el contexto actual de pandemia agrava la situación existente y favorece la aparición de nuevas vulneraciones de derechos".
En su comunicación, Women's Link y otras siete ONG que apoyan la iniciativa alertan de que las temporeras marroquíes que trabajan en esa provincia "pueden verse expuestas a nuevas formas de explotación debido a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, así como a una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la sanidad y a la justicia".
"Las condiciones de trabajo (sin distancia de seguridad, guantes ni mascarillas) y de las viviendas de algunas fincas (contenedores de obra, sin ventilación, con los baños alejados y sin agua potable) pueden favorecer el contagio de la COVID-19", añade.
La oenegé indica que esta situación también es extensible a las personas migrantes que sobreviven en asentamientos informales de la provincia sin acceso a servicios básicos como agua o saneamiento, como han alertado organizaciones locales.
En su escrito, solicitan a estos organismos de Naciones Unidas que emitan una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en España y en Marruecos y a las empresas implicadas exigiendo que protejan la salud y los derechos de las trabajadoras migrantes.
También reclaman que dichas medidas tengan una perspectiva de género, ya que la recogida de la fresa es un sector altamente feminizado, y que sean sostenibles en el tiempo, más allá de la duración del contexto provocado por el Covid-19.
Denuncia del SAT
De otro lado, y también el mismo día, el portavoz nacional y secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Oscar Reina, ha denunciado hoy en Huelva la "flagrante vulneración de la ley y de los derechos humanos" por parte de empresarios de los frutos rojos y ha reclamado medidas para salvaguardar a las temporeras.
En declaraciones a los periodistas, Reina ha indicado que consideran que "la mejor imagen del sector de los frutos rojos es que se cumpla con la legalidad y por ello no entendemos como alguien se puede enfadar porque se manden más inspecciones de trabajo para proteger los derechos fundamentales".
"Entendemos que lo único que se está pidiendo es la legalidad, cumplimiento de las leyes, de los convenios que a día de hoy muchas fincas no cumplen", ha apuntado, dejando claro que la denuncia "no va dirigida contra aquellos que cumplen los convenios, sino contra esa mayoría generalizada que hemos observado que no los cumple".
Ha invitado a las autoridades que no se creen que se están dando estos incumplimientos a que "se dejen de caridad y que vengan al tajo a comprobarlo", al tiempo que ha querido dejar claro que "si hay recursos fundamentales y cumplimiento de legalidad hay dignidad".
"Todos los controles que se hagan son buenos, necesarios, de sentido común y de ley, el que cumple la ley no tiene que temer nada; es por esto que creemos que esto hay que arreglarlo ya, hay que dignificar la imagen del sector y una manera de hacerlo es respetar los derechos de la clase trabajadora, la nativa y la que venga de fuera", ha concluido.
Por su parte, Mercedes Domínguez, responsable de Migración del SAT, ha exigido a la inspección y a los distintos Gobiernos que se habilite un teléfono de traducción independiente al sector agrícola para auxiliar ante posibles abusos de gravedad y un control observatorio independiente conformado por sindicatos del Magreb y Andalucía en origen junto a Anapec para encauzar y atajar los problemas que sufren en los campos freseros.
Asimismo, reclaman que los empresarios cumplan "tajantemente como mínimo el contrato de 90 días con sus descansos y horas extras a razón de lo establecido en convenio" y que se amplíe la dotación de inspectores de modo que sea acorde al volumen de trabajo de la campaña, entre otras cuestiones.
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