Los rectores de las universidades públicas andaluzas y la Junta no han cerrado este jueves un acuerdo para repartir el "ajuste" de 135 millones de euros aprobado ya por el Consejo de Gobierno para afrontar la factura de la pandemia del coronavirus (700 millones).
La Junta de Andalucía plantea a las universidades la siguiente propuesta: autorizarles a usar de sus remanentes (una suerte de hucha) hasta 260 millones de euros: 135 millones con los que taponar el agujero de 135 millones que se detraen de transferencias y 125 millones para inversiones. Esta última cantidad saldría de hecho de 126 millones de euros de deuda que aportaría la Junta a la tesorería de las universidades, quedando así el contador a cero en este capítulo. Fuentes del Gobierno andaluz sostienen que la suma de todas estas cantidades hacen que las universidades vayan a disponer en 2020 de 1.827 millones de euros, más de lo inicialmente previsto: 1.702 millones.
Pero la operación no convence a los rectores, que han celebrado hoy una reunión con el consejero de Economía, Rogelio Velasco, que ha terminado sin acuerdo.
Economía defiende que lo más justo sería aplicar un "ajuste proporcional a la voluntad de cada universidad de ejecutar inversiones". Para poder hacer ese reparto proporcional, solicitó a las universidades un informe con sus prioridades inversoras. Según fuentes de Economía, tan sólo Granada ha remitido ese documento. Las universidades, según las citadas fuentes, no se ponen de acuerdo en el reparto del ajuste.
El consejero Velasco ha insistido a los rectores en que la sostenibilidad del sistema está "garantizada". "No faltará dinero para gastos corrientes".
No es la primera vez que la Junta de Andalucía tira de los remanentes para cuadrar el presupuesto de las universidades. Yo lo hizo en el presupuesto anterior, cuando autorizó 40 millones. Ahora daría su placet a 260. En poco más de dos años, las universidades habrían sacado de sus ahorros 300 millones, quedándoles aún 220, según las cifras oficiales ofrecidas.
Cabe recordar que los remanentes no afectados sólo se pueden usar para inversiones sostenibles según la Ley de Estabilidad. Ni para nóminas ni para gastos corrientes. El Consejo Consultivo de Andalucía ya advirtió de que la Junta no podía contar con los remanentes como financiación al no ser recursos de ella sino de las universidades. Su función en este capítulo es el de autorizar su uso.
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