El pasado 11 de mayo, once abogados de diferentes puntos de la geografía nacional presentaron, en representación de 116 familias, una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los 23 miembros del Gobierno central por su gestión ante la crisis provocada por el Covid-19, que suma ya más de 27.000 muertes.
“Si no se hubiera actuado tarde y mal, como hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se habrían evitado muchísimos contagios, mucho dolor y muchas muertes”, explica el sevillano Tulio García O’Neill, uno de los letrados que impulsan la acción judicial, amparada por la Fundación Zaballos y la Plataforma El Día Después. “No hay sesgo político alguno. Las víctimas no buscan dinero ni quieren venganza. Únicamente reclaman que se haga justicia”, remarca.
Más de 4.000 familias se han puesto en contacto con el equipo de abogados y los impulsores de la iniciativa, pero están encontrando dificultades para conseguir el Certificado Médico de Defunción, condición obligatoria para incorporarse a la querella.
Todas ellas comparten la rabia, la frustración y el desconsuelo. “Reclaman respuestas, quieren saber por qué ha muerto su madre o su abuelo, un hermano. Uno de ellos me contó que su padre estaba perfectamente pero una hora después le telefonearon para decirle que había muerto”, relata. Además, “no han podido despedir a sus fallecidos”. “Quieren, en definitiva, que se depuren responsabilidades”, ante un posible delito de homicidio imprudente.
El Gobierno no impidió la celebración de las manifestaciones del 8M, por el Día de la Mujer, ni otros actos multitudinarios, como la asamblea de Vox en Vistalegre con unos 9.000 asistentes y que, como indica la Plataforma El Día Después en su página web (www.despues.info), “se convirtieron en el foco de contagio ideal del virus”.
El Ejecutivo tampoco controló los vuelos procedentes de China o Italia hasta el día 10 de marzo, pese a estar ya sufriendo los rigores de la pandemia y a pesar, asimismo, de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hubiera declarado el brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el 30 de enero. De hecho, a finales de febrero se contabilizaban más de 83.000 casos en el mundo. Finalmente, la querella advierte de que el Gobierno permitió que se disputaran eventos deportivos de fútbol, baloncesto, balonmano y otros deportes, a los que asistieron masivamente miles de personas.
Es posible, por todo ello, que se le ppdrían imputar al Gobierno otros delitos más, añade García O’Neill, tales como prevaricación, lesiones, omisión del deber del socorro o contra los derechos de los trabajadores sanitarios, a los que no se les ha dotado de medios de protección individual para que puedan desempeñar sus labores con total seguridad, por lo que contstituyen uno de los sectores más afectados por contagios de la enfermedad.
La querella también recuerda que el 2 de marzo el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, de la Unión Europea, realizó un informe en el que establecía unas recomendaciones para promover medidas de distanciamiento social, tales como evitar aglomeraciones en transporte e innecesarias manifestaciones multitudinarias. Y la OMS, destaca el documento finalmente, declaró la pandemia el 11 de marzo. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sin embargo, “continuó en su actitud pasiva y sin adoptar medida alguna hasta el sábado 14”.
“Todo ello contribuyó a la vertiginosa propagación del virus en todo el territorio nacional”, sostiene el abogado sevillano, quien cita el informe de la Fundación Estudios Economía Aplicada, que asegura que “de haberse adelantado una semana la implantación de las medidas establecidas en el plan de emergencia, se habría producido una disminución de un 62% en los contagios, lo que a su vez habría impedido el colapso de los centros sanitarios, coadyuvando así a paliar considerablemente la letalidad”. Y concluye: “Hablan de números de víctimas, pero las cifras no pueden enmascarar tanto sufrimiento personal”.
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