Hace justo diez años, el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció que los pensionistas sufrirían la congelación de sus prestaciones por primera vez en democracia. La crisis financiera de 2008, negada tozudamente por el líder socialista, golpeaba muy duramente a la economía española a esas alturas y obligó al Ejecutivo a vincular las pensiones contributivas que recibían 8,6 millones de personas a la inflación. Solo quedaron eximidos del tijeretazo los perceptores de prestaciones mínimas, algo menos de un tercio del total, y medio millón de ciudadanos que ingresaban pensiones no contributivas.
Hoy, el sistema público vuelve a estar en el disparadero por las consecuencias económicas de la pandemia. La prensa especializada ha revelado que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con una necesidad de liquidez de 140.000 euros para afrontar el futuro inmediato, contempla un duro recorte de las prestaciones.
“Cuando volvamos a la calle, seremos más reivindicativos”, asegura José Gil, portavoz del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp), ante estas pubicaciones y advierte de que, como hace una década, ha comenzado a representarse la comedia mediática: primero las informaciones allanando el terreno, luego, apunta, “vendrán los análisis de economistas ligados al Ibex-35” cuestionando la sostenibilidad.
El debate, desde luego, es inevitable. El sistema parece inviable con 9,7 millones de perceptores en España frente a solo 18,4 millones de cotizantes. En la provincia de Cádiz, el número de pensionistas se ha incrementado en casi 2.000 en el último año, un 1,8% más, hasta los 107.646; la cifra de afiliados a la Seguridad Social, 347.445 en abril, se ha hundido en los últimos doce meses un 7,5%, con 28.300 alistados menos. La tendencia es general en el ámbito autonómico y nacional. La factura crece al tiempo que los ingresos bajan.
La clave está en que la discusión se afronte con valentía para establecer las líneas rojas y de manera adecuada: “No admitiremos posibles nuevas reformas que vayan en detrimento del sistema público de pensiones”, asevera. Desde 2016, cuando “los pensionistas decidimos auto organizarnos, y gracias a las movilizaciones que hemos mantenido en estos casi cuatro años, hemos conseguido que los gobiernos no continuaran por sendas regresivas”, añade. Pero quedaron pendientes demandas, como la supresión de las reformas de Mariano Rajoy en 2013 y los aspectos negativos de la de Rodríguez Zapatero en 2011, o las reformas laborales de 2010 y 2012 que, defienden, hay que abordar en un nuevo escenario que “ha puesto de relieve nuestras carencias estructurales y sociales”.
Gil detalla la hoja de ruta del colectivo después del Covid-19. Con respecto a la jubilación, reclama el establecimiento de una edad igual sin discriminaciones. “No podemos seguir con jubilaciones de 59 o 60 años sin penalizar y, por el contrario, trabajadores con 40 años cotizados que, si adelantan aunque sea solo una año la jubilación, le penalizan para toda la vida”, explica.
En cuanto a la viudedad, señala que “no se puede mantener que se deniegue la prestación en las parejas de hecho porque el cónyuge superviviente ganara el año anterior un céntimo más que el finado, ni que esté supeditada a un tiempo de convivencia de 5 años”. Rechaza la “aberración neoliberal” de sacar los derechos de muerte y supervivencia del sistema contributivo de la Seguridad Social y llevarlo al sistema de prestaciones no contributivas y, finalmente, “será necesario igualar los cálculos de la viudedad en las pensiones de las clases pasivas y de la Seguridad Social”.
Por otro lado, Gil propone que se valore la posibilidad de que todas las pensiones a partir del mínimo establecido por la Ley del IRPF (14.600 euros) estén sometidas al pago del impuesto y establecer desgravaciones y excepciones en función de la edad, las necesidades y la situación personal, y acercar al máximo posible al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) las prestaciones mínimas, e igualar a este la pensión de referencia. En el caso del cobro de subsidios y pensiones no contributivas, “deberían vincularse a único índice de referencia, actualmente es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y en la mayoría de ellos al 80% del mismo”, agrega.
En este sentido, recuerda que en este caso, “hemos estado dando la batalla y seguiremos dándola después del confinamiento con las alianzas con otras organizaciones de mayores para hacer frente común a la Junta y al Imserso por la dejadez en la tramitación, hasta el punto de que “haya personas esperando el trámite más de dos años”. Actualmente, calcula que el embotellamiento afecta a 7.000 andaluces.
Por otra parte, afirma que la voluntad de invertir en mejoras sociales y las decisiones políticas llevan a las comunidades a complementar o no estas prestaciones, generando desigualdades: en el País Vasco, los beneficiarios cuentan con 4.811,40 euros más al año; en Andalucía, con 135,50; en Madrid, sin embargo, no hay aportación extra. Y ahora, alerta, “estamos a la espera del Ingreso Mínimo Vital”. “Con el colapso administrativo que existe para la tramitación de subsidios, ¿cómo va a salir adelante?”, se pregunta. Hay demasiados interrogantes y es urgente arreglar el sistema. Pero, concluye, hay que sentarse, alcanzar acuerdos y no olvidar nunca que “las pensiones son de los trabajadores, no de los gobiernos”.
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