Rechazan realizar catas arqueológicas en la calle Ancha
El primero de los asuntos abordados fue la solicitud del director del hotel Reina Cristina para que dicho edificio sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El concejal delegado de Patrimonio, Gabriel Orihuela, respaldó la propuesta “si puede traer consigo algún beneficio económico o financiación para el mantenimiento o mejora del edificio”, si bien indicó que para la declaración de BIC es necesaria la tramitación de un expediente que pone en marcha la Delegación Provincial de Cultura y no el Ayuntamiento.
A continuación se abordó el proyecto realizado para la reconstrucción del edificio en la parcela de la calle Cristóbal Colón, esquina con General Castaños, donde otrora existía un edificio catalogado como de interés arquitectónico y conocido como la Fábrica de Fideos. El proyecto presentado “cumple los requisitos, excepto en lo que se refiere a un escalón que había en la fachada debido a que con anterioridad hubo dos edificios adosados”.
Posteriormente se trató la solicitud presentada por los propietarios del edificio catalogado situado en la calle Ventura Morón 9, para realizar una intervención arquitectónica. En la comisión se acordó pedir al propietario que presente de manera formal un “expediente de ruina”, documento que no se aporta.
Siguiendo con el orden del día, se ofrecieron los detalles sobre el proyecto realizado en el tramo de acueducto de la avenida Aguamarina, que ha sido ejecutada por una empresa especializada en la rehabilitación de construcciones de interés cultural y artístico.
Finalmente se informó en la comisión sobre las obras que se han realizado en el edificio catalogado situado en la avenida Villanueva 1, esquina Emilio Burgos, que sufrió daños en el cierre y la balaustrada durante los temporales del invierno pasado. Según explicó Orihuela, “los propietarios han reproducido la balaustrada, pintado toda la fachada e informado que harán la reproducción del cierre”.
Murallas medievales
Por otro lado, el asesor de la comisión de Patrimonio Juan Ignacio Vicente, cargo honorífico que ostenta este profesor de historia, requirió el cambio de nombre de murallas meriníes por el de murallas medievales. Según Vicente, se habría encontrado, bajo un puente incluido en esta zona arqueológica, una inscripción en una piedra que indica que parte de la construcción se realizó en época de Alfonso XI.
A este respecto, Orihuela aseguró que lo tendría en cuenta a la hora de elaborar los letreros y carteles. Además, se dio a conocer que el centro de interpretación de las ruinas será inaugurado el próximo 15 de noviembre.
La Trocha
El presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio La Trocha, Manuel Correro, valoró ayer la reunión de la Comisión de Patrimonio como “tensa y polémica. El equipo de Gobierno está crispado, desquiciado y sin coordinación en sus respuestas”.
Según Correro, los representantes del Gobierno municipal le habrían pedido “lealtad” para con la comisión y censuraron las denuncias públicas que el presidente de La Trocha ha realizado a través de EL FARO como el caso de las murallas del parque María Cristina.
Desde La Trocha, aprovechando el turno de preguntas, se incidió en la existencia de 110 casos de irregularidades en el Patrimonio. Entre ellas se encuentran las referidas a la situación de cables eléctricos y carteles anunciadores ubicados en edificios protegidos.
A este respecto, la concejal delegada de Protección Ciudadana, Cristina Garrido, habría reclamado a Correro la elaboración de un catálogo sobre este asunto. “El equipo de Gobierno aseguró que tenía desconocimiento de la existencia de esta legislación. Por ello Garrido afirmó haber tomado nota y me solicitó el envío de esta información a través de una carta”, apuntó Correro.
En cuanto a las catas arqueológicas a realizar en las obras acometidas en zonas protegidas, otra de las cuestiones preguntadas por La Trocha, se respondió que “legalmente no había que hacerlas, ni técnicamente se había considerado necesario al no haberse profundizado en el subsuelo más allá de las conducciones ya existentes. El artículo 258 del Plan General especifica que las catas habrán de realizarse en parcelas incluidas en el catastro, dejando por tanto fuera de dicha obligatoriedad al viario público”.
Sin embargo, Correro inquirió sobre el por qué en algunas zonas sí se habían llevado a cabo, ante lo que el equipo de Gobierno habría admitido que “en ocasiones se han pedido y en otras no. Esto es un criterio desigual porque para las obras realizadas para los contenedores de basura sí se pidió pero para las de la calle Ancha no”.
Además, desde La Trocha se subraya que “el Gobierno municipal descargó todas las responsabilidades de las obras realizadas en el viario público en la figura del arqueólogo municipal, Rafael Jiménez, que no estaba presente en la comisión y al que calificaron como máximo responsable. Por ello nos dirigiremos al arqueólogo para que nos delimite sus responsabilidades. Además, también vamos a pedir la cinta con la grabación de la sesión de la comisión”.
PP
Los representantes del Partido Popular en la comisión aprovecharon el turno de ruegos y preguntas para exponer sus quejas y mostrar sus desacuerdos en varias cuestiones. Así, los populares criticaron el escaso margen de tiempo con el que son convocados para las reuniones de la comisión.
A esto se sumó su rechazo a las farolas ubicadas en el centro histórico de la ciudad al entender que no van en consonancia con la zona. Desde el PP también se recalcó la escasa eficacia de la Policía Urbanística.
Los populares preguntaron por la situación de la Suite de las Cortinas, a lo que el equipo de Gobierno respondió que “el proyecto de rehabilitación se encuentra en el Colegio de Arquitectos a la espera de ser visado y que, posiblemente en el plazo de una semana, se solicitará la licencia para comenzar las obras”.
En cuanto a la Casa Millán, el Gobierno municipal alegó que “los propietarios han llegado a un acuerdo para ponerla en venta, que está a la espera de que sea homologado por el juez. Fue precisamente el desacuerdo entre los propietarios lo que llevó a Disciplina Urbanística a comenzar un expediente para su ejecución por sustitución, que quedó interrumpido por el fallecimiento de uno de los propietarios”.
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