El PSOE-A ha anunciado este martes la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración de los derechos de los diputados en el Parlamento de Andalucía durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus.
La iniciativa ha sido anunciada en una rueda de prensa telemática por el expresidente del Parlamento andaluz y actual diputado por Córdoba, Juan Pablo Durán, que ha detallado que el recurso se basa en la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución española.
Se trata de un recurso de amparo frente a la decisión de la Presidencia del Parlamento de Andalucía de convocar la Diputación Permanente "fuera de lo establecido en el Reglamento de la Cámara", lo que ha llevado aparejado "la suspensión de los derechos que asisten a los diputados imposibilitando su voto en la convalidación de decretos leyes, así como su participación activa en la actividad parlamentaria".
Según Durán, la "suspensión" de estos derechos alcanza incluso a las preguntas escritas de control al gobierno y a las solicitudes de información que "aún hoy, están en suspenso".
Así, el grupo socialista tiene pendientes de contestación del Gobierno andaluz o de remisión por parte del Parlamento al Ejecutivo casi 1.500 preguntas escritas y solicitudes de información.
"A pesar de las reiteradas quejas del grupo socialista, ni la Presidencia del Parlamento ni los miembros de la Mesa de la Cámara de los grupos que sustentan al gobierno han escuchado nuestra solicitud de que se terminase la suspensión de los derechos de los diputados", ha recalcado.
Así, ha advertido de que si el Tribunal Constitucional diera amparo a la solicitud del PSOE, todas las decisiones aprobadas en la Diputación Permanente quedarían "sin fundamento legal y, posiblemente, sin efecto", algo de lo que ya alertó su grupo.
"Ni en las Cortes de España ni en el reglamento de las cámaras se suspende el poder legislativo cuando se declara el estado de excepción o de alarma, es precisamente la ley orgánica que los regula la que establece que lo más importante es preservar, todos los poderes del Estado", ha subrayado.
Porque es en estos periodos cuando los ciudadanos, a través de sus representantes políticos, tienen "la posibilidad de controlar al Ejecutivo y asumen precisamente más poder por esa excepcionalidad", ha sostenido.
"Se violan de raíz los derechos de los parlamentarios que no son miembros de la Diputación Permanente y que dejan de poder participar en todas o casi todas las actividades parlamentarias de relevancia", ha señalado.
Ha recordado que en la última reunión de la Mesa del Parlamento se aprobó un nuevo calendario para el mes de mayo que dejaba sin efecto el aprobado para el primer periodo de sesiones de este año, lo que cree que demuestra "a todas luces" que era posible adoptar anteriormente otras decisiones distintas a la convocatoria de una Diputación Permanente.
"Limitar sin justificación los derechos de los parlamentarios es una violación también de los derechos de los ciudadanos", ha sostenido, tras lo que ha defendido que cualquier restricción de los derechos debería ser "justificada y ponderada".
Ha puesto como ejemplo que los parlamentarios han conocido por los medios de comunicación que la Junta saca a concurso la "privatización" del servicio de asesoría legal del Gobierno andaluz y los diputados "no pueden ni preguntarle al gobierno, ni solicitar los expedientes, ni recabar ningún tipo de información al respecto porque sus derechos están suspendidos" por una "supuesta laguna jurídica del reglamento" que el PSOE cree que no existe.
"Y en todo este tiempo hemos asistido a cambios de criterios en las convocatorias de la Diputación Permanente, que comenzó siendo telemática y acabó siendo presencial en unos casos y en otros no", ha remachado.
En opinión del PSOE, había fórmulas para compatibilizar el trabajo y la dedicación de los parlamentarios con la lucha contra la pandemia.
A la pregunta de por qué votó entonces el PSOE a favor de la activación de la Diputación Permanente, ha dicho que desde un primer momento manifestaron sus "dudas" pero no quisieron obviar "el contexto de la situación en la que se estaba abordando dicha decisión" y, en cualquier caso, presentaron un escrito expresando sus dudas, ha asegurado.
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