Las más de 22.600 muertes registradas por coronavirus en Francia incrementan la presión al Ejecutivo en la elaboración de su plan para el fin del confinamiento, previsto el 11 de mayo y que, a dos días de su presentación el martes, sigue lleno de incógnitas.
El primer ministro francés, Édouard Philippe, detallará ese día en la Asamblea Nacional las grandes líneas de una hoja de ruta que girará en torno a la salud, la educación, el trabajo, los comercios, el transporte y las agrupaciones de gente.
El plan será votado por los diputados y se espera que resuelva la difícil ecuación entre relanzar la actividad sin provocar una nueva ola epidémica, en un momento en que el país tiene 22.614 fallecimientos y 124.114 casos confirmados de COVID-19.
Philippe destacó este domingo en Twitter que la estrategia será presentada después a asociaciones de cargos locales y a agentes sociales, involucrados ya en una negociación no exenta de críticas porque quieren precisiones cuanto antes.
"Muchos alcaldes ya no creen en nada ni en nadie. Le corresponde al Gobierno fijar las reglas, porque la responsabilidad de la política sanitaria es suya. En esta crisis, nosotros seremos agentes del Estado. Ni más ni menos", dijo hoy en "Le Journal du Dimanche" (JDD) el presidente de la Asociación de Alcaldes, François Baroin.
Un sondeo de ese semanario apunta que la confianza en el Ejecutivo francés ha descendido: el 55 % de encuestados el 19 y 20 de marzo pensaban que podía afrontar con eficacia esta pandemia, frente al 39 % el 21 y 22 de abril.
A la espera de que vea la luz la estrategia oficial, el grupo conservador Los Republicanos ha hecho públicas sus propias propuestas, que abogan por reabrir a partir del 11 de mayo los cafés y restaurantes en las zonas menos afectadas y en todo el país para el 15 de junio.
El Ejecutivo de Emmanuel Macron avanzó esta semana que no fijará las fechas para esos negocios antes de finales de mayo.
Los Republicanos también quieren una vuelta al colegio progresiva pero obligatoria, a diferencia del Elíseo, que contempla que sea voluntaria, y consideran necesario lanzar una campaña que impulse este verano el turismo interior para compensar la caída de visitantes extranjeros.
La elaboración del plan de desescalada ha estado orquestada por el delegado interministerial Jean Castex, conocido popularmente como "Monsieur Confinamiento", y en esta recta final sigue habiendo muchas incógnitas.
Entre ellas, sobre esa vuelta a clase que se prevé escalonada a lo largo de tres semanas. El comité científico que asesora al Gobierno hubiera preferido que tuviera lugar ya en septiembre.
Ese organismo, favorable a que el regreso sea voluntario, pide que los colegios organicen los horarios para que no se crucen estudiantes de distintos cursos y que haya al menos un metro de distancia entre pupitres.
El comité invita a los padres a tomar la temperatura de los hijos cada día antes de ir a clase y, aunque admite que es "imposible" que los más pequeños lleven mascarilla, sí la ve obligatoria para el resto.
Están en el aire también la reapertura de los comercios en Francia, subordinada a las medidas que se puedan aplicar para evitar grandes flujos de gente, o el funcionamiento progresivo del transporte público, que para el 11 de mayo se prevé que esté al 70 % en la red de ferrocarril metropolitana parisina.
Las farmacias tienen autorizado desde anoche volver a vender mascarillas. Hasta ahora, la distribución de ese producto estaba reservada al personal sanitario o a las personas vulnerables.
El Gobierno perfila además el lanzamiento de la aplicación móvil "Stop Covid", que utilizará Bluetooth para identificar cadenas de contagios e informar a las personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado.
"Todayía hay que resolver problemas técnicos. No haremos ninguna concesión sobre la seguridad", dijo este domingo en el "JDD" el secretario de Estado de Economía Digital, Cédric O, que aseguró que será voluntaria, anónima y temporal.
La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), encargada de velar por la protección de datos en Francia, ha pedido garantías sobre la información recabada y sobre su uso, y deja claro que no querer recurrir a ella no debe tener consecuencias.
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