En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Innovación, a petición de todos los grupos, para informar sobre la situación de los astilleros de Huelva y de Sevilla, Soler reconoció que la empresa onubense atraviesa un momento de "gravísimas dificultades", y consideró que, "si al final fracasa lo que hay encima de la mesa" -que se discutirá en una reunión prevista para los próximos días-, tendrá que plantearse ir al concurso de acreedores.
"La situación de estos astilleros aconseja ser valiente" y emprender un "cambio radical", manifestó, e indicó que la empresa de Huelva adolece de una "gran debilidad financiera", una "fuerte" deuda a corto plazo, instalaciones "que no permiten acometer buena parte de los buques contratados" y un sistema organizativo, "que a pesar de los esfuerzos no ha sabido dar respuesta a las necesidades de la empresa".
"Hay que decidir si prefiere salvar la compañía a pesar de dificultades o va al concurso de acreedores en unas semanas, porque hay poco tiempo y el empresario lo sabe", atajó el consejero, que apuntó a la existencia de un posible socio "solvente".
Más crítico con la gestión de los astilleros se mostró durante su turno el portavoz del grupo socialista, Antonio Núñez, que acusó a los empresarios de "secuestrar" a la empresa onubense e "impedirles que crezcan".
Según Núñez, "se da una gran paradoja" entre la postura del Gobierno andaluz, "que apoya la permanencia de la actividad de los astilleros en Huelva y Sevilla", y la de los empresarios, que prefieren "abandonar la actividad naval en Huelva, conseguir fondos europeos por renunciar a la licencia y refinanciar de esta manera la deuda en Sevilla".
Cesiones de licencia y oscurantismo
El portavoz de los populares, José Luis Rodríguez, pidió a la Junta que "concrete" si la cesión de la licencia de construcción de barcos en Huelva es la única alternativa de viabilidad que propone, o que se mantenga la construcción de buques en Sevilla para que la planta de Huelva pase a ser una empresa auxiliar.
Por su parte, el portavoz de IU, Diego Valderas, denunció el "oscurantismo" que según él ha mantenido hasta ahora la Junta de Andalucía a la hora de informar sobre la situación de los astilleros en Huelva, que poseen el 80 por ciento de su filial en Sevilla.
También instó al Gobierno andaluz a que "sea valiente" y realice una intervención pública en Astilleros de Huelva con el fin de asegurar el futuro industrial y la permanencia de los puestos de trabajo de sus instalaciones en la provincia onubense.
A este respecto, Soler respondió que una intervención pública en el accionariado de la empresa "además de ilegal sería imposible", y advirtió que "en ningún caso" se deberían socializar las pérdidas derivadas de la gestión de la empresa.
Pidió "confianza" en las acciones del Gobierno, que continúa "avanzando" en la búsqueda de posibles inversores para garantizar futuro de astilleros. "Se han puesto todos los medios técnicos y humanos posibles para salvarlo, pero todas las partes tienen que asumir su responsabilidad y si se realiza una inversión de dinero público sólo será para garantizar el empleo", sentenció el consejero que dejó claro que la Junta "no decide la viabilidad de los astilleros de Huelva, sino que ayuda a identificar sus problemas, siendo la empresa la que decide su capacidad de gestión, instalaciones y carga de trabajo".
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