El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha ordenado la transferencia a Andalucía con carácter urgente de 62,24 millones de euros correspondientes a la anualidad 2020 del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a los que se suman otros 17,1 millones adicionales del Real Decreto 11/2020 para los afectados por la crisis de la Covid-19. Con este adelanto, la Junta de Andalucía dispondrá de un total de 79,34 millones de euros para atender estas líneas de ayudas.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha señalado, a través de una nota, que estas decisiones envían un "mensaje de seguridad por parte del Gobierno en un contexto de incertidumbre en materia de vivienda", por lo que ha destacado que desde el inicio de la pandemia el Gobierno ha trabajado para la aprobación de un paquete de medidas que brindan especial protección del derecho a la vivienda y "que protegen tanto al inquilino que quede en situación de vulnerabilidad, como al propietario para que pueda, igualmente, superar el impacto de esta crisis".
"El objetivo de los fondos para es preservar la renta disponible de los hogares, sean arrendatarios o arrendadores, dar seguridad a los ciudadanos y dar agilidad a la concesión de las ayudas", ha añadido la delegada del Gobierno.
Además de flexibilizar la gestión del Plan de Viviendal, el Gobierno ha agilizado los trámites, ha adelantado las transferencias a las comunidades, ha creado un nuevo programa de ayudas a las víctimas de violencia de género; y ha articulado medidas para aumentar el parque público de viviendas.
Con el adelanto de estas cantidades, el Ministerio pretende dotar a Andalucía de los fondos necesarios para atender la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento.
También permite activar una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica, como consecuencia de la expansión del Covid-19.
En el marco del Plan Estatal de Vivienda, el Ministerio tiene previsto transferir 346 millones de euros a las comunidades en el ejercicio 2020, importe recogido en los convenios de colaboración suscritos con cada una de ellas en 2018.
De este importe, la Junta de Andalucía ha recibido 62,24 millones de euros, que podrá destinar a los programas de ayuda que estime oportuno en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y en virtud al Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, siempre teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con anterioridad a la crisis sanitaria.
A través de este Real Decreto-Ley se regularon otros 100 millones de euros adicionales para las comunidades para atender, entre otras cuestiones, la problemática de aquellos arrendatarios que, como consecuencia del impacto social y económico del Covid-19, tengan problemas para atender el pago del alquiler de su vivienda habitual. De estos 100 millones adicionales, Andalucía recibe otros 17,1 millones de euros.
SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS Y MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA
Entre las medidas puestas en marcha para ayudar en materia de vivienda a aquellas personas que van a incurrir, durante la crisis ocasionada por el coronavirus, en situación de vulnerabilidad, como son la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos que afecten a arrendamientos; la moratoria de la deuda hipotecaria cuando se cumplen los requisitos necesarios, que opera automáticamente cuando la solicita el deudor; o la prórroga de 6 meses en los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo.
De igual forma se ha habilitado una nueva línea de avales, con garantía del Estado, de hasta 1.200 millones, para cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler; así como que cuando el arrendador sea una entidad pública o un gran tenedor, la reducción del 50% de la renta, o moratoria de hasta cuatro meses en el pago del alquiler; y un nuevo programa en el Plan Estatal de Vivienda para los afectados por esta crisis, que se incrementará en 100 millones.
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