La reincoporación progresiva de 232 funcionarios de forma presencial a los juzgados de Cádiz entre el jueves pasado y este lunes por resolución del Ministerio es insuficiente. Y, lejos de calmar los ánimos, agrava las diferencias entre jueces, abogados y procuradores con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo plan de choque por las consecuencias de la crisis sanitarias solo ha encontrado rechazo en lo relativo a los tiempos y las formas.
La preocupación por las circunstancias es total. El Colegio Oficial de Procuradores de Cádiz lamentaba la pasada semana que el estado de alarma, y la suspensión de toda actividad, pudiendo presentarse solo escritos procesales vinculados a actuaciones judiciales urgentes únicamente a través de LexNET, ha evidenciado que “el papel cero” era solo un eslogan.
En este sentido, el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente, señala, preguntado al respecto, que, efectivamente, “se ha puesto de manifiesto la necesidad de inversiones en la Administración de Justicia, que debería haber estado dotada de los medios tecnológicos que hubieran permitido continuar con la actividad sin comprometer la segurdiad, lo que no ha sido posible”.
Esto provocará, por un lado, que los retrasos que ya se registraban se incrementen considerablemente. Pero, además, tal y como remarca Valiente, se producirá una “sobregarga de la pendencia por las situaciones jurídicas tan complejas que se están produciendo como el derecho de familia, los ERTE, o los asuntos relativos al pago de arrendamientos o el mantenimiento de contratos”.
El decano de los Abogados de Cádiz da por hecho una mayor entrada de asuntos especialmente en la jurisdicción mercantil y social. El letrado José Luis Ortiz, de acuerdo a un primer estudio sobre las consultas que ha recibido, concreta: hay reclamaciones por cancelaciones de viajes o rclamaciones a aseguradoras por las pólizas de seguros de vida cuando el fallecimiento es por coronavirus; impagos de préstamos mercantiles y alquileres, contratos de larga duración, cortes de suministros como la electricidad o el agua, cancelación de pedidos y numerosísimos por las repercusiones laborales y empresariales, como ERTE, despidos, sanciones, bajas o concursos de acreedores. Además, entre otros, de los asuntos derivados de las sanciones por incumplimiento del confinamiento.
Luis Mora, abogado Socio director en Estudio Jurídico Avenida 16, apunta algunas claves de las actuaciones de carácter organizativas y procesales que hay que llevar a cabo, en la línea de lo expresado por el Consejo General de la Abogacía Española. Entre otras iniciativas, apuesta por reanudar de manera escalonada las actuaciones judiciales.
Es momento, dice, de que se proceda a la tramitación de los asuntos pendientes y se agilice el pago por medio de transferencia de las cantidades consignadas porque la gente necesita su dinero y los profesionales sus honorarios para vivir, así como las notificaciones judiciales que no conlleven vistas ni señalamientos. Pero, especialmente importante, valora la necesidad de dotar los juzgados de medios humanos y tecnológicos ante el tsunami que se espera.
Valiente remarca el refuerzo de personal y añade también otras medidas, como la programación de vistas, habilitando incluso las tardes y los sábados por la mañana, y la utilización de medios tecnológicos para la práctica de diligencias. Pero, en cualquier caso, todo “necesariamente consensuado por parte del CGJP y el Ministerio de Justicia con la Abogacía”.
Porque, además, ante una situación excepcional, es fundamental “la salvaguarda del derecho a la tutela efectiva, el acceso a los tribunales justiciables, el derecho de defensa y la garantía que comporta la intervención del abogado ejerciendo la función de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Los procuradores también se han expresado sobre la necesidad de evitar la merma de derechos y cargan contra el plan de choque del CGPJ porque enmascara una reforma procesal precipitada que conlleva una clara restricción de derechos del justiciable.
Las medidas propuestas por el órgano de gobierno de los jueces, en un documento de más de 400 páginas sometido a escrutinio durante solo cuatro días, son organizativas, como habilitar el mes de agosto, pero otras, aunque parecen organizativas, supondrían una reforma estructural de la administración de la Justicia con la lectura de sentencias in voce en lugar de escritas o desincentivar los procedimientos considerados sin fundamento a través de multas o pago de costas.
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