La ampliación del vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos de Bolaños, propiedad de Verinsur S. L. en Jerez, ha recibido un espaldarazo muy importante por parte de la Administración andaluza en plena crisis sanitaria. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del lunes 13 de abril informó del acuerdo para la apertura de un periodo de información pública de 45 días del proyecto, que la empresa presentó el pasado mes de octubre, con el fin de obtener la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada.
La publicación ha encendido todas las alarmas porque las intenciones de Verinsur coinciden en el tiempo, además, con el de la empresa Ditecsa en Nerva, en exposición pública solo una semana antes. Para Daniel López Marijuán, representante de Ecologistas en Acción en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, “estos vertederos, a los que se les va a facilitar toda la tramitación para su ampliación, son auténticos reactores químicos que generan emisiones y vertidos tóxicos que se prolongarán durante décadas incluso tras su clausura”. Y añade: “Nada justifica su continuidad y menos con la indefensión legal a la que nos somete el real decreto de desregularización de la actividad económica por el estado de alarma”.
López Marijuán apunta que ambos vertederos, con más de 20 años de actividad, necesitan justo lo contrario, “un procedimiento de clausura y sellado por no cumplir los criterios de la Unión Europea en su programa de Economía Circular que plantea una reducción progresiva de los residuos que se llevan “a la mal llamada eliminicación”, es decir, a un vertedero.
De hecho, los dos proyectos llevados a consulta contradicen incluso los objetivos del futuro Plan Integral de Residuos Economía Ciruclar (PIRec) andaluz. Entre ellos, se encuentran el refuerzo y la aceleración de la transición de Andalucía hacia una economía circular, el impulso de la competitividad y la creación de empleo y crecimiento sostenible; la actualización de los objetivos de prevención, reciclado, valorización y eliminación a las nuevas directrices europeas para el horizonte 2030; y, finalmente, que el valor de los productos y materiales se mantenga durante el mayor tiempo posible así como a un aumento de la reutilización, la reciclabilidad y la valorización materia que implique una reducción de la eliminación.
En un comunicado firmado por López Marijuan, la organización ha remarcado que “las modificaciones sustanciales de la AAI que se solicitan para Nerva y Bolaños son un despropósito que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tiene que desautorizar con sobradas razones”. Y advierte de que “hasta que ello no ocurra, Ecologistas en Acción desplegará todas las acciones legales y promoverá todas las manifestaciones de rechazo social que la emergencia sanitaria permita hasta conseguir la clausura de esos vertederos y el inicio de un genuino programa de Economía Circular y de Producción Limpia en Andalucía”. Preguntado al respecto, adelanta que la organización tiene previsto presentar alegaciones al proyecto de ampliación.
Por su parte, el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, ha justificado la publicación del acuerdo para la exposición pública del proyecto de ampliación en que, siguiendo las directrices marcadas por la administración compentente en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se depositan en el vertedero del Complejo Medioambiental de Bolaños los residuos urbanos “bolsa gris sin concluir previamente su proceso de clasificación” y que tienen como destino inicial Las Calandrias, en zona aneja explotada por Verinsur en asociación con Valoriza Servicios Medioambientales.
El delegado territorial señala que es necesario ejecutar la ampliación antes del verano para no comprometer la capacidad existente del vertedero actualmente. Tal es la premura que dictamina que “el plazo de 45 días hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación no se verá interrumpido por el estado de alarma correspondiente a la crisis sanitaria”.
El proyecto presentado por la compañía contempla una ampliación en dos fases. Por un lado, se acometerían los trabajos en la zona de vertedero, habilitando una nueva superficie de 238.000 metros cuadrados para la construcción de cinco celdas y una balsa de lixiviados para la eliminación de residuos no peligrosos mediante el depósito controlado; por otro, se llevaría a cabo una zona de valorización, con otros 55.000 metros cuadrados, que todavía no tiene su estructura definida.
La polémica por la ampliación vuelve a poner en el disparadero a Verinsur. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa en 2015 a 39 sociedades y tres asociaciones en 2015 por 98,2 millones de euros por el reparto de clientes; 1,1 a la firma fundada por José Antonio Martínez Sánchez en 1994. Pero entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la Audiencia Nacional estimó los recursos presentados contra esta sanción anulándola porque consideró que la CNMC “no había acreditado la existencia de una infracción única y continuada general que se imputaba a todas las empresas”. No obstante, el órgano de arbitraje decidió volver a incoar expediente en mayo de 2018 para investigar de manera individualizada las posibles sanciones y está pendiente de emitir resolución.
Por otra parte, CCOO ha denunciado en reiteradas ocasiones el recorte de plantilla en la planta de Las Calandrias, pasando de 120 efectivos hace tres años a 80 en la actualidad, la acumulación de envases y la dificultad para reciclar.
Sin embargo, al menos un Ayuntamiento, el de San Fernando, se ha mostrado interesado en hacer uso de las instalaciones de Verinsur, una vez haga efectiva su salida del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz y deje de enviar los residuos a Miramundo. El interventor municipal se mostró disconforme con esta opción porque no “es alternativa segura” al cuestionar la capacidad de las instalaciones “para recibir más de 34.000 toneladas de residuos adicionales”. Hasta ahora.
Sin acuerdo en el Consorcio para saldar la deuda
El recientemente nombrado presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, trata de sacar del atolladero al ente que acumula una deuda de 35 millones de euros por el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos, pero admite que hay dificultades porque las cuantías reclamadas “no coinciden según la visión de cada interlocutor”, informa Juanlu Reyes. El consorcio trata de alcanzan un compromiso de pago como “solución conjunta” con un plazo máximo de cinco años para la liquidación de las cantidades corrientes.
El caos económico y financiero quedó en evidencia en un informe, firmado a finales del año pasado por el interventor de la entidad, que advertía de la imposibilidad de “la gestión consorcial con eficacia, eficiencia y economía”. En el documento, alertaba que Diputación debía aportar unos 760.000 euros en concepto de cuota en relación a los municipios de menos de 5.000 habitantes pero solo había realizado una transferencia de 60.000 euros, al tiempo que estudiaba la posibilidad de su exclusión del propio Consorcio.
Otros siete municipios de la Sierra y Arcos, El Puerto, Jerez y Rota confirmaron o iniciaron formalmente el proceso de separación. San Fernando y Puerto Real, por su parte, adeudan la tasa consorcial, mecanismo de financiación pactado en 2015, desde 2017.
La Isla, que debió abonar solo por el año pasado 2,1 millones de euros, ha pedido el retraso en el cobro del recibo en este ejercicio por la crisis sanitaria; Puerto Real debe unos 2,5 millones de euros.
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